El Gobierno Nacional informó que ya empezó a pagar los contratos de arrendamientos de los deportados que en el último mes llegaron al país de Venezuela a través de la frontera en Cúcuta, Paraguachón (La Guajira) y Arauca.

Así lo reveló en Cúcuta el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, quien comentó que de 1.363 solicitudes el Gobierno ha hecho efectivos 1.007 contratos que han permitido la salida de los albergues de 3.000 personas. El monto es de 230.000 pesos y se extenderá por tres meses.

“Los arriendos se pagan a través del Banco Agrario. Ellos (los expulsados) pensaban que esto salía en tres o cuatro meses, muchos no creían pero cuando ven los listados (de los aprobados) salen. Quienes abandonen los albergues pueden seguir con sus trámites de capacitación del Sena, libreta militar, reciben acompañamiento logístico para sus trasteos y kits de aseo, alimentos, colchonetas, frazadas y, en algunos casos, de cocina”, aseguró el funcionario.

Mientras tanto, Víctor Bautista, delegado de la Cancillería, recordó que 55 niños de familias colombianas y venezolanas se reintegraron con sus papás y hermanos, tras ser separados en los operativos fueron saqueadas y destruidas sus viviendas.

Cifras oficiales indican que en Cúcuta y Villa del Rosario permanecen 2.614 personas en 23 albergues. Los deportados llegan a 1.097 y los retornados se acercan a los 15.000.

Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía informó que, a partir de la fecha, se enviarán a Cúcuta 2,2 millones de galones de combustible subsidiado, dando prelación al cupo de la gasolina (60 por ciento).