De manera sorpresiva, un grupo de honorables jueces de la República condenaron a pagar cerca de 1.3 billones de pesos por reclamos de trabajadores vigentes y antiguos que solicitaban beneficios pensionales o reintegros de dineros a la estatal petrolera Ecopetrol a través de fallos resolutorios de más de 900 tutelas.

El escándalo de corrupción están implicados 5 jueces, entre ellos 2 magistrados. Se trata de los magistrados Fernando Castañeda Cantillo y Feliz María Galvis Ramírez, también colaboraban la jueza Amparo Disney Vega Mendoza y el juez Samuel Darío Rodríguez, todos funcionarios de la ciudad de Cúcuta.

Los magistrados habrían fallado en tan solo dos años varia tutelas con las cuales reconocieron mesadas a 959 funcionarios y ex empleados de la compañía.

Según la Fiscalía, al hacer esto cometieron al menos tres graves irregularidades: en primera medida violaron una orden de la Corte Constitucional, según la cual los reajustes pensionales no pueden ser concedidos por tutelas, además, juzgaron casos que estaban fuera de su jurisdicción ya que los beneficiarios de la tutela fueron empleados en campos y oficinas de Ecopetrol de Cartagena, Sabana de Torres o Puerto Berrido, pero nunca en Cúcuta, y finalmente habrían manipulado el sistema de repartos para que la mayoría de sus tutelas llegaran a sus despachos.

De 959 tutelas falladas aparentemente, 904 fueron conocidas por el juez Samuel Dario Rodríguez, 34 resueltas por la jueza Amparo Vega Mendoza y solo 21 por otros jueces de la jurisdicción. En ese fallo fueron reconocidas pensiones extra legales a 142 personas.

En revisiones posteriores la Corte Contitucional y la Corte Suprema encontraron que los beneficiados no cumplían con los requisitos para pedir las pensiones y en algunos casos reintegro de trabajadores y reconocimiento de estímulos salariales.

El juez Rodríguez, encabeza la lista de funcionarios que serían juzgados por el delito de prevaricato y esta semana podría ser citado a audiencia de imputación de cargos.

Adicionalmente, Noticias Caracol presentó un documento el cual afirma que “el impacto económico de las tutelas desfavorables a Ecopetrol S.A. puede llegar a comprometer un presupuesto de 1,3 billones de pesos”.

Por su parte, la Corte revocó varias de las tutelas pero antes de eso ya se habrían hecho efectivos los pagos y hoy siguen “embolatados” más de 230 millones de pesos.