El proceso de Justicia Transicional acordado en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano debe cumplir los deberes básicos de investigación y sanción; pero especialmente ha de tener seguridad jurídica y cumplir con el requisito de la cosa juzgada universal.

Es decir, no se podrán reabrir las investigaciones que hayan concluido con sentencia en el proceso, explicó el Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Lynett, al señalar que “una vez culminados todos los procesos de justicia transicional, que tendrán macrosentencias y se investigarán violaciones masivas de derechos humanos, donde la perspectiva es investigación de delitos de sistema, y una vez dictada la sentencia, debe haber cosa juzgada universal”.

El funcionario explicó que no se trata de leyes de punto final sino de la aplicación de un modelo de justicia que cumpliendo el deber de investigar y sancionar, una vez reparadas las víctimas, se cumpla con la verdad y los deberes internacionales, se cierre definitivamente la opción de investigar individualmente los delitos del conflicto armado colombiano.