La secretaria General de la Alcaldía Mayor, Martha Lucía Zamora, calificó como una ‘estocada a la democracia’ la decisión tomada por el Consejo de Estado cuya Sección Quinta determinó que la consulta antitaurina que se iba a realizar el próximo 25 de octubre, no era viable.

“Vamos a presentar una impugnación ante la Sección Primera del Consejo de Estado, para posteriormente solicitar la revisión ante la Corte Constitucional, ya que este no es un tema menor, es un tema muy importante que se ha ido metiendo en el corazón de los bogotanos y por esa razón consideramos que dada la existencia de anteriores decisiones no solamente de tutela sino las más importantes de constitucionalidad que deben ser contrastadas con la sentencia C150 que profirió la Corte Constitucional previa a la Ley de Participación ciudadana”, explicó.

Para la Secretaria Zamora el debate estaba sentado en un tema concreto como lo es el del arraigo cultural como estaba contemplado en la sentencia C666.

“Echamos de menos que no se haya hecho un análisis basado en el tema del arraigo cultural base de la sentencia C666 de la Corte Constitucional, porque la pregunta que se iba a someter a los ciudadanos, lejos está de la consulta de tocar temas relacionados con la Ley taurina que determina cómo debe realizarse una corrida de toros y donde están contemplados los aspectos de la fiesta brava“, manifestó la secretaria Zamora.

La secretaria Martha Lucía Zamora aseguró que los mecanismos de participación ciudadana determinan también que la consulta deben efectuarse.

“¿Cómo una tutela presentada por unos ciudadanos pretenda desconocer un fallo consolidado de constitucionalidad por parte de un tribunal? ¿Qué nos puede esperar el día de mañana cuando ya todos con el interés de lograr la paz para nuestro país una tutela pueda derrumbar esa fragilidad que muestra hoy en día la democracia?“, se preguntó Zamora.

La Secretaria recordó que la Administración Distrital se amparó en las normas jurídicas para poder procurar los recursos financieros que costearían la consulta antitaurina.

Los recursos ascendían supuestamente a 34 mil millones de pesos, cuando el Registrador le había dado respuesta a los animalistas donde les decía que los recursos no llegaban a los 11 mil millones de pesos, de ese rubro 8 mil millones de pesos correspondían a la biometría que es necesaria para el ingreso e identificación al puesto de votación no debía realizarse nuevamente porque ya estaba establecida para el proceso electoral”, dijo.

“Sorprende la decisión porque en ninguna parte se hace una análisis sobre el arraigo cultural que era el punto medular de la pregunta y argumentación que se llevó adelante y se discutió, pasar de largo deberá ser el objeto de la impugnación y revisión de la Corte constitucional”, aseguró Zamora.

Por su parte Natalia Parra, directora de la Plataforma Colombiana por los Animales, ALTO, dijo que más allá de la lucha antitaurina, hay tiempo suficiente para continuar con la lucha.

“Nos entristece en términos de la democracia, en términos de esos derechos que los ciudadanos asumimos que tenemos, por qué están plasmados en la Constitución, pero nos preguntamos ¿dónde está la democracia participativa?”, aclaró.