La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal en contra del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, la secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucía Zamora y del presidente de la ETB, Saúl Kattan, por posibles irregularidades en contratos para el funcionamiento de la Línea 123.

La investigación del organismo de control se da al evidenciar lo que se tratarían de posibles irregularidades en la suscripción de un otrosí o prórroga al contrato del servicio de la línea de emergencia 123 en la capital del país.

Así mismo, el organismo tuvo en cuenta para iniciar dicha acción contra el mandatario y dos de sus funcionarios, los informes técnicos emitidos por el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), los cuales señalaron en su momento, que era inconveniente continuar con el convenio 0561 de 2014 para el manejo de esta línea de emergencia, por presuntas irregularidades e incumplimientos. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá prorrogó el contrato con un otrosí por 27.500 millones de pesos.

El Ministerio Público ordenó a la Alcaldía remitir informes de la celebración de este contrato, y ordenó entre otras pruebas, escuchar a varios funcionarios y exfuncionarios del Fondo de Vigilancia.

La Procuraduría busca posibles faltas disciplinarias graves del alcalde, su secretaria y el director de la ETB.

El organismo anunció que, de ser necesario, hará visitas especiales a las instalaciones de las entidades en medio de la apertura de investigación disciplinaria.

A esta investigación se suma la que anunció la Fiscalía General de la Nación el pasado mes de agosto a raíz de las denuncias sobre estas mismas irregularidades en el convenio suscrito el año pasado entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad y la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) para modernizar la línea 123 de emergencia.

En su momento, el organismo investigador afirmó que “existía una denuncia formal que da cuenta de las supuestas irregularidades, por lo que el ente investigador abrió una investigación preliminar y ordenó la recolección de documentos.

Las irregularidades las hizo públicas el gerente del Fondo, Fernando Arbeláez Bolaño, quien asegura que detrás del convenio hay advertencias de organismos de control, de la interventoría y de funcionarios del propio Distrito, que han señalado que el acuerdo con la ETB tendría “irregularidades insubsanables”, que hacen imposible firmar modificaciones y, menos, girar recursos.

Por tal razón, Bolaño se negó a cumplir la orden del alcalde de firmar un otrosí al convenio que hay con la ETB para modernizar la línea 123 y autorizar un giro de $28.000 millones.

De hecho, la Contraloría descubrió una serie de irregularidades insubsanables alrededor del convenio, como violación al régimen de contratación, así como la carencia de anexos técnicos, económicos y financieros.

Según el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la interventoría evidenció inconsistencias que harían inviable el convenio como el incumplimiento de las pólizas y “del cronograma pactado para la puesta en marcha de la nueva plataforma”.

El gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS) presentó la denuncia por las supuestas irregularidades en el Concejo de Bogotá, en la que aseguró que existía una doble facturación por parte de la ETB, para la operación de la línea de emergencias 123.

Por su parte, la Contraloría de Bogotá determinó hallazgos fiscales para evaluar la posible apertura de procesos por $81.000 millones, relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de la línea única de atención de emergencias 123.

El primer hallazgo obedece al incumplimiento de las obligaciones del convenio 2357 de 2005 entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB. El convenio que tenía el propósito de garantizar el funcionamiento integral de la Línea 123, se extendió por un período de 10 años.

Sin embargo, después de este período y de inversiones por cerca $90.000 millones se encontraron deficiencias relacionadas con fallas de conectividad y retrasos para la puesta en funcionamiento de todos sus subsistemas.

Significa, por ejemplo, que en la actualidad, la línea de atención de emergencias debería contar con un sistema de georreferenciación que permitiera ubicar en corto tiempo a la persona que realiza la llamada en medio de una situación de emergencia. No obstante, solo funciona para la recepción y despacho de llamadas.

De esta manera, el mensaje a la entidad encargada de atender la emergencia o situación requerida por el ciudadano llega de forma inoportuna e imprecisa, lo cual genera demoras en la atención de los casos.

El segundo hallazgo está relacionado con la falta de mantenimiento al software de gestión Procad B, el cual permite el funcionamiento efectivo de la línea de atención de emergencias.

El tercero obedece a la falta de amortización o sustento de inversiones por cerca de $5.000 millones destinados al arrendamiento de la plataforma tecnológica.

Por último, la Contraloría de Bogotá encontró que desde el inicio del convenio, en el año 2005, se realizaron mayores pagos por el arrendamiento de la plataforma tecnológica los cuales superaron los $33.000 millones.

Al organismo de control le preocupa que el Fondo de Vigilancia y Seguridad haya suscrito con la ETB el Convenio el 561 de octubre de 2014 con una inversión inicial de $15.000 millones, el cual contempla la modernización de la línea de emergencias, obligación que debió cumplirse en el marco del anterior convenio.

En total, hasta ahora se han invertido aproximadamente $104.000 millones en el funcionamiento de esta línea