Este miércoles se conoció que la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación a través del Ministerio de Educación por los daños causados a varios estudiantes quienes se inscribieron en un programa académico que después fue declarado ilegal y por ende cerrado por las autoridades educativas.

El caso estaba relacionado con varios estudiantes de la Universidad Antonio Nariño quienes se inscribieron al programa de ‘Terapias de Cuidados Paliativos’ y al cabo de dos años fue declarado ilegal, al no contar con la aprobación por parte del Icfes.

Los estudiantes interpusieron recursos en contra de la Universidad y el Ministerio de Educación señalando que se les había vulnerado derechos fundamentales, pero además, les había representado una afectación irreversible dentro de su proyecto de vida.

“La Sala considera que si se hubiera ejercido una labor de verificación más minuciosa desde el momento en que se tuvo conocimiento de dichas irregularidades (septiembre de 1997), el ICFES se habría percatado de las deficiencias de la institución educativa y, de conformidad con dicha constatación, habría cerrado la posibilidad de que la Universidad Antonio Nariño ofreciera el programa curricular en tales condiciones”, indica la sentencia.

El Alto Tribunal determinó la responsabilidad del Estado en la reparación que debe hacer a estos estudiantes quienes participaron en dicho programa y concluyó que las entidades demandadas violaron el contenido obligacional que les correspondía, en relación con la inspección y vigilancia de las actividades de la Universidad Antonio Nariño, en la medida en que permanecieron largo tiempo impasibles frente a las serias y graves irregularidades que en ese sentido les fueron presentadas.