A debate de control político fueron citados en Comisión Sexta de Senado los Ministros de Transporte, Medio Ambiente y Minas y Energía para determinar la responsabilidad del Gobierno Nacional y las compañías petroleras en el deterioro de las vías y el impacto ambiental causado por la actividad petrolera.

De acuerdo con la respuesta enviada por el Ministerio de Minas y Energía, el Senador Jorge E. Prieto, citante del debate, corroboró que la ley se muestra permisiva con las petroleras al enunciar que los contratistas o subcontratistas se deben hacer responsables por los daños y pérdidas ocasionadas por las actividades y operaciones derivadas de dicha actividad, siempre que estos fueren resultado de culpa grave o dolo: “Para demostrar que existe dolo o culpa grave requiere que el campesino inicie un proceso legal costosísimo, el cual no tiene cómo cubrir, es decir, es imposible probarlo, y mucho menos demostrar la “intención” de destruir estas vías”.

Con el permiso que otorga la ANH y las licencias del ANLA, las petroleras transitan por las vías que han construido los municipios y departamentos aunque no hayan sido diseñadas para el tránsito constante de tractocamiones cargados con hasta 120 toneladas. El Director de la ANH, Dr. Mauricio de La Mora, delegado del Ministerio de Minas y Energía, responde al respecto que la Agencia es el ente regulador de los recursos y no está encargada de la construcción de vías, que esto le corresponde a las operadoras contratistas pero que no las puede obligar a realizar la pavimentación.

Por su parte, Carlos Alberto García, Director de Invías y delegado del Ministerio de Transporte, durante su intervención mencionó las inversiones que está haciendo el Ministerio en las vías Villavicencio-Yopal, Aguazul-Sogamoso, entre otras, a lo cual el Senador debió interrumpirle para recordarle que estas eran vías primarias y no secundarias ni terciarias, asunto del debate en mención.

La Senadora del Centro Democrático, Susana Correa, manifestó su preocupación por el rezago en infraestructura vial en el que se encuentra no sólo la Orinoquia sino todo el país. Añade que un aumento del 10% en el número de kilómetros por kilómetro cuadrado de área rural reduce la tasa de pobreza en 5%, según el estudio de infraestructura regional y pobreza rural, desarrollado por Fedesarrollo.

El senador Mauricio Aguilar, de Opción Ciudadana, calificó la Orinoquia como la región abandonada por el Gobierno: “De los 7 departamentos, apenas se tiene información de dos de ellos, y a las vías que se destruyen por el tránsito de esta maquinaria a penas se le hacen mantenimientos preventivos, pero aún no hay una solución de fondo”.

El senador Jorge Prieto concluyó que el debate no se trataba solamente de presentar una queja justa de la situación actual de las vías y los desastres ambientales, sino de aunar esfuerzos para hacer las inversiones necesarias en la red secundaria y terciaria priorizando los departamentos productores y protegiendo los recursos naturales.

Llamó la atención al Gobierno de la falta de una Ley de Hidrocarburos que proteja y promueva los intereses nacionales y no los de las multinacionales petroleras. Dejó constancia, igualmente, de la mala relación que existe entre la industria y la comunidad, lo cual generó sólo en 2014 más de 120 manifestaciones y recordó, asimismo, que en el 1985 se realizó un gran paro cívico que paralizó la actividad petrolera durante 10 días: “No se deben llegar a las vías de hecho cuando se puede concertar con el Gobierno compensaciones justas y el cumplimiento de las exigencias establecidas en las licencias ambientales”.