Este viernes la Sección Tercera del Consejo de Estado compulsó copias ante la Fiscalía General y la Justicia Penal Militar para que investiguen la presunta participación y conocimiento de integrantes de la Fuerza Pública en los hechos que rodearon la ejecución de tres masacres en La Gabarra (Norte de Santander) entre marzo y agosto de 1999.

De acuerdo con el alto tribunal, se debe establecer la participación de militares en las tres incursiones realizadas por grupos paramilitares en el corregimiento de La Gabarra los días 29 de mayo, 17 de junio y 21 de julio de agosto de 1999. Esto por presuntamente omitir los controles y permitir su paso por la región.

De igual forma, el fallo establece que pese a la amenaza que existía en la región por la presencia de este grupo armado ilegal y los informes ante un posible ataque contra la población civil no se tomaron medidas de fondo para protegerlos, al contrario con su accionar se “abandonó a aquella población a su surte”, precisa.

El fallo defiende los derechos de la familia Cáceres Sanabria, que fue desplazada forzosamente, desde el día en que paramilitares del Bloque Catatumbo se tomaron la Gabarra e hirieron gravemente a uno de sus integrantes. Pedían que la Fuerza Pública respondiera por sus omisiones al haber permitido la incursión paramilitar y no haber hecho nada.

El Consejo de Estado anuló el fallo de 2013 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de esta familia con el argumento de que la responsabilidad en esta masacre no recaía en la Fuerza Pública.