El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, informó que cerró cualquier posibilidad de negociación entre la Fiscalía y el señor Álvaro Cruz, respecto a las investigaciones que se siguen en su contra por su presunta participación en el desfalco a Bogotá con el carrusel de la contratación.

Adicionalmente el organismo investigador indicó, que a la esposa del exgobernador, Luz Zoraida Rozo, se le imputará la presunta comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer, puesto que la prueba técnica recaudada en la investigación, señala su participación en el pago del soborno al Procurador Hernán Jovel Muñoz.

La decisión del organismo investigador se da a raíz de que, según Montealegre, por medio de interceptación de llamadas, se logró establecer que Cruz, dio la orden a sus familiares de ocultar bienes para que no les fueran confiscados.

“No puede contemplarse la idea de otorgar beneficios jurídicos a una persona que obstruye el buen curso de la administración de justicia” dijo en rueda de prensa el Fiscal General.

Por otra parte, Montealegre dijo que “nosotros establecimos que el exgobernador Álvaro Cruz le entregó 2.000 millones de pesos a un procurador judicial Hernán Jovel Muñoz para que esa persona tratara de intervenir e influenciar ante funcionarios de la Fiscalía para que favorecieran las decisiones que se iban a tomar en favor de Álvaro Cruz por su participación en el carrusel de la contratación“. La denuncia sobre este grave hecho fue elevada por el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo.

El Fiscal General también confirmó que por este mismo caso fue capturado Hernán Joven Muñoz, procurador judicial administrativo, a quien se le imputarán cargos por enriquecimiento ilícito.

“Se trató de un absurdo episodio de falsos intermediarios que habrían llegado a acuerdos delictivos con el exgobernador Cruz, sabiendo de antemano la transparencia de esta administración“, indicó Montealegre.

De igual forma, dejó en claro que a partir de este momento quedó cerrada cualquier posibilidad de una negociación entre la Fiscalía y el exgobernador Cruz Vargas.

“No puede contemplarse la idea de otorgar beneficios jurídicos a una persona que obstruye el buen curso de la administración de la Justicia“, afirmó Montealegre.

La Fiscalía también estableció que los intermediarios compraron bienes con los dineros recibidos de parte del exgobernador y su esposa.

“Se trata de un acto de corrupción inadmisible, intolerable y de la máxima gravedad que la Fiscalía no dudará en investigar hasta las últimas consecuencias“, señaló Montealegre.

La Fiscalía también iniciará una investigación penal contra los miembros de la Policía Nacional que no prestaron la colaboración adecuada para la captura del exgobernador en la noche del pasado primero de octubre.

El fiscal Montealegre agregó: “que le quede claro a los corruptos de este país que quieren afectar la administración de la justicia, que con esta Fiscalía no lo van a lograr“.

Asimismo anunció que la Fiscalía también imputará cargos y pedirá medida de aseguramiento por este caso contra Luz Zoraida Roso, esposa del exgobernador Álvaro Cruz, por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

“Puesto que la prueba técnica recaudada señala su posible participación en el pago del soborno al procurador Hernán Jovel Muñoz“, indicó Montealegre.

Los hechos del particular corresponden a que, durante los meses de diciembre de 2009 a febrero de 2010, Cruz entregó dineros a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento Vial y Rehabilitación Vial en Bogotá, y a concejales de la ciudad que manejaban dicha entidad, para generar favorecimientos en la ejecución de contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica, compuestos por las empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos.

El mandatario departamental habría incurrido en estos delitos, por presuntamente haber en ejecutado un contrato por 24 mil millones de pesos, adjudicado en el año 2009 por la administración de Bogotá, para el suministro de asfalto para reconstruir la malla vial de la ciudad capital.

Según el fiscal del caso, el gobernador Cruz Vargas entregó a funcionarios y concejales de la ciudad dineros para que en la licitación respectiva se favoreciera a la empresa Unión Temporal Asfaltos.

De acuerdo con el organismo investigador, el monto del dinero entregado por Cruz Vargas ascendió a 800 millones de pesos, que salieron del anticipo del mismo contrato.

La Fiscalía General de la Nación le imputará el próximo 2 de septiembre, los delitos que se le imputaran serán, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza calificado por presuntamente ofrecer dádivas para la adquisición de contratos para obras de la malla vial de Bogotá, por parte de la empresa ICM Ingenieros, de la cual sería propietario.