A través de un documento de 53 páginas enviado al Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de ese país certificó que el Gobierno de Colombia, tanto al interior de la Fuerza Pública como en todo el territorio nacional, ha dado importantes pasos para mejorar los indicadores de derechos humanos.

Los argumentos entregados por el Secretario de Estado de los Estados Unidos para certificar a Colombia en derechos humanos tras un análisis del periodo que corresponde del 1 de junio de 2014 a 1 junio de 2015, fueron los siguientes:

1. Los casos de supuestas violaciones de derechos humanos en los que se encuentren vinculados miembros de las Fuerzas Militares están siendo investigados por la jurisdicción civil y las Fuerzas Militares están colaborando con los fiscales y las autoridades judiciales en las investigaciones de tales casos.

2. El Gobierno de Colombia está cumpliendo sus obligaciones internacionales para la investigar y castigar a las personas responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones serias de los derechos humanos; y no está ofreciendo amnistía a dichas personas.

3. El Gobierno de Colombia está logrando avances en el desmantelamiento de grupos armados ilegales y dando pasos efectivos hacia la protección de los derechos de defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y activistas sociales; así como de los derechos y el territorio de las comunidades indígenas y Afrocolombianas incluyendo su protección contra desplazamiento forzado, asesinatos y otras violaciones.

En su informe, el Departamento de Estado también advierte sobre los avances y aspectos positivos en la materia:

· Se reconoce que la construcción de un sistema de justicia que promueva la democracia, el progreso social, la paz y la confianza de la población hacia el estado es una prioridad para el Gobierno.

· Se destaca la desmovilización de 56.903 paramilitares y guerrilleros entre 2003 y octubre de 2014.

· Se resalta que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos promueve y protege los derechos y apoya la formulación de estrategias para acceso a la justicia medidas para la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos y reparación a las víctimas.
· Se señala que en los últimos años el sistema judicial ha tenido un sostenido mejoramiento en sus procesos y en su eficiencia, destacando la prioridad que ha dado al Gobierno a la provisión de servicios judiciales, a la reducción de los atrasos y modernizando y simplificando los procesos.

· Tanto el Ministerio de Defensa como la Fiscalía General de la Nación certificaron que durante el periodo analizado ningún caso por violaciones a los derechos humanos se encontraba en la Jurisdicción Penal Militar.

· Se reconoce la disposición del Gobierno para ajustar el texto del proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar modificando los términos que preocupaban a algunas organizaciones de la sociedad civil y otros actores tanto a nivel nacional como internacional.

· Asimismo, se destaca que nuestro país ha dado pasos efectivos para desmantelar grupos armados ilegales gracias al trabajo entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

· En el 2014 se logró la captura de 2.666 miembros de las BACRIM, logrando en lo que va del 2015 una reducción de acciones de la delincuencia organizada en 50%.

· Se destacan los avances en la implementación de la Ley de Víctimas, en particular la restitución de cerca de 100 mil hectáreas y la reparación a cerca de 590 mil personas. En este sentido se resalta la iniciativa anunciada por el Presidente Santos denominada “Estrategia 20-15” que busca procesar este año el 35% de las solicitudes.

De igual manera, el informe del Departamento de Estado de EE. UU. señala que Colombia continúa enfrentando desafíos hacia el futuro. Entre otros están: la poca velocidad en las investigaciones y la violencia que se presenta en la costa pacífica colombiana, en particular Buenaventura, a pesar de cierta mejoría en los indicadores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Extranjero, Financiamiento de Exportaciones y Programas Relacionados del año fiscal 2015, y basado en la decisión de certificar a Colombia según los criterios señalados en la Sección 7045 de la referida Ley, el Departamento de Estado puede liberar el 25% de los recursos de ayuda militar condicionados al cumplimiento previo de este requisito.