El Consejo de Estado declaró administrativamente responsable a la Policía Nacional por el secuestro de una profesora en la ciudad de Valledupar en mayo del año 2002, en hechos en los que se participaron miembros activos de la Policía y quienes cobraron cerca de 182 millones de pesos por su rescate.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar que el secuestro extorsivo sucedió por la acción de los agentes agresores. Aunque dicha conducta delictiva no hacía parte de la prestación del servicio público que les había sido encomendado, ni al desempeño de las funciones propias del cargo del cual estaban investidos, sí existió falla del servicio.

A juicio de la Sala, los dos miembros de la Policía que participaron en el secuestro no se encontraban en vacaciones ni bajo licencia de algún tipo, sino que estaban en servicio activo. Así, pese a conocer sus obligaciones, desviaron y pervirtieron el servicio público que se les había encomendado por la Constitución y las leyes, y se valieron de esa condición para planear y perpetrar los ilícitos por los cuales se les investigó y condenó penalmente.

En primera instancia, el Tribunal no accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que la culpa era exclusivamente de los agentes de Policía y no de la institución.

Sin embargo, dentro del proceso se determinó que la condición de policías fue lo que les permitió cometer el secuestro, pues mientras se encontraban en horario de servicio vigilaron los movimientos de la víctima para conocer su rutina y saber en qué momento podía ser plagiada. A esa conclusión llego la Sala al demostrarse que uno de los agentes de Policía realizaba patrullajes en el sector donde ocurrieron los hechos. Además, utilizando esa misma condición de policías, mediaron o persuadieron a otros miembros de la Fuerza Pública para sobrepasar dos retenes de la Policía y uno del Ejército que fueron dispuestos a raíz del hecho, sin que fueran detenidos.