El Consejo Gremial Nacional mostró su apoyo a las negociaciones de paz que el Gobierno desarrolla con las Farc desde hace casi tres años y pidió que el acuerdo sea respetuoso del Estado de derecho.

La organización subrayó en un comunicado leído por el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, en la Casa de Nariño que la negociación es «entre un Estado legítimo y un grupo armado al margen de la ley».

El comunicado afirma que la negociación «se da por razones humanitarias, para evitar que haya más víctimas y daños a la sociedad, a la economía, a la infraestructura y a los bienes públicos».

Mac Master destacó que el derecho «no es obstáculo para la conquista de la paz».

«Esta es el resultado de la plena realización de la Constitución y las leyes de Colombia, lo cual no impide que, preservando los valores que ellas plasman, sean reformadas para cumplir los compromisos resultantes de un eventual acuerdo», agregó.

En este sentido, destacó que para el sector empresarial «es fundamental que se cumpla con el compromiso de llevar a refrendación ciudadana» los acuerdos alcanzados por ambas partes en los diálogos.

Asimismo, pidió que el acuerdo sobre desarrollo rural integral, uno de los puntos de la negociación, sea «consistente y consecuente con el respeto a la propiedad privada, la garantía de la seguridad jurídica y la economía de mercado».

«El pleno desarrollo rural deberá consolidar agroindustria moderna con agricultura tradicional de pequeños y medianos propietarios», agregó.

Del mismo modo el Consejo Gremial Nacional destacó que las Farc deben asumir «su cuota de responsabilidad» en la reparación de las víctimas y que la Comisión de la Verdad que se iniciará tras el fin de los diálogos sea «consistente con el hecho de que Colombia cuenta con un Estado legítimo».

Asimismo, afirmaron que «es indispensable el cese efectivo de todas las actividades delictivas de la guerrilla», lo que también incluye minería ilegal, narcotráfico, secuestro, contrabando y extorsión.

«Cualquier mecanismo que se implemente para la dejación de las armas, deberá asegurar que dicha entrega sea total y verificable», concluyó.