–Tras aclarar que las grabaciones realizadas por la llamada «Mata Hari» a la Corte Suprema de Justicia nunca fueron ordenadas por el gobierno del Presidente Alvaro Uribe, el Partido Centro Democrático señaló que estas «confirman para quien tuviera dudas que en Colombia hay persecución sistemática contra la oposición política por parte de algunos sectores de la justicia».

En el comunicado, sin embargo, no menciona al exministro del gobierno del expresidnete Uribe, Diego Palacio Betancur, quien, en su defensa, destapó las grabaciones que corresponden a discusiones de los magistrados del alto tribunal y que fueron hechas por Alba Luz Flórez, una detective del desaparecido DAS, más conocida como la «Mata Hari» y que fueron pieza clave del llamado proceso de la «Yidispolítica», que llevó a la cárcel a por lo menos 20 funcionarios de la administración Uribe Vélez, entre ellos el secretario privado Bernardo Moreno y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado.

Los documentos magnetofónicos, sin embargo, no se conocían y según el diario El Tiempo, se divulgaron luego de que el exministro Palacio Betancur los anexara en una tutela que interpuso para tratar de tumbar el fallo que lo condenó a 80 meses de cárcel por ofrecer dádivas a congresistas para que favorecieran la reelección de Álvaro Uribe Vélez.

Al respecto, el partido Centro Democrático del expresidentge Uribe emitió el siguiente comunicado:

Las grabaciones a la Corte Suprema de Justicia que nunca fueron ordenadas por el gobierno del Presidente Uribe, pero que ahora han sido reveladas a través de los medios de comunicación, confirman para quien tuviera dudas que en Colombia hay persecución sistemática contra la oposición política por parte de algunos sectores de la justicia.

Dichas grabaciones confirman que:

1. Un notable grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lo que a personas cercanas al uribimos se refiere, opera como órgano político, guiado por la «conveniencia» y no por el derecho y, por lo tanto, sus decisiones en tales casos constituyen actos de persecución.

2. La Corte Suprema de Justicia nunca ha sido ni será jamás juez imparcial del Presidente Uribe, su familia o los exfuncionarios de su gobierno. Es imposible ser imparcial respecto de la persona contra quien algunos magistrados planearon dar un golpe de Estado.

3. La Corte Suprema de Justicia ha violado el debido proceso en las condenas contra Diego Palacio, Sabas Pretelt, Alberto Velásquez, Andrés Felipe Arias, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera, así como con la detención ilegal de Luis Alfredo Ramos. Además de las fallas procesales propias de cada uno de estos casos, las grabaciones ratifican los motivos políticos que animaron a varios miembros de la Corte en sus decisiones.

4. Las grabaciones tiñen de ilegitimidad no sólo las decisiones de los magistrados de la época, sino la credibilidad institucional de la Corte misma, por cuanto los magistrados actuales que no ostentaban la magistratura en aquel momento, de todas maneras fueron elegidos por los mismos que conspiraron contra el presidente Uribe y su gobierno. Si ser antiuribista era requisito para ser elegido Fiscal ad hoc en la llamada «Yidispolítica,» es de inferirse que con más veras lo fue para todos los magistrados elegidos posteriormente por la misma corporación golpista.

5. En vista de que algunos magistrados de la Corte Suprema actúan como partido político cuando juzgan a los exfuncionarios del gobierno Uribe, reclamamos que quienes han sido condenados por ella no sólo accedan a una segunda instancia, como lo exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino a una primera instancia en derecho, que claramente nunca tuvieron.