El Departamento de Justicia de EE.UU. tiene previsto liberar durante estos días a 6.000 presos y entregar 1.700 a las autoridades migratorias, para que ellas decidan si estos ciudadanos extranjeros que cruzaron ilegalmente la frontera deben de ser deportados o retenidos en centros de detención.

Un portavoz del Departamento de Justicia indicó que la entrega de los presos indocumentados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó este viernes y continuará el lunes.

La liberación de presos, que será la mayor producida de una sola vez en EE.UU., responde a una decisión de la Comisión de Sentencias del Gobierno estadounidense, sobre reducir las penas por delitos relacionados con la posesión, consumo o venta de drogas.

La Comisión de Sentencias decidió que el cambio tuviera un carácter retroactivo, de forma que personas ya encarceladas pudieran beneficiarse de esta nueva medida destinada a aliviar la superpoblación de las cárceles del país, donde viven 2,2 millones de personas.

Estos ciudadanos también podrán ser internados en los centros de detención para inmigrantes indocumentados, que Barack Obama clausuró poco después de su llegada a la Presidencia, pero decidió reabrir el año pasado tras el gran número de familias que cruzaron de forma ilegal la frontera, la mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Esta iniciativa se engloba dentro de la reforma de la justicia penal que está impulsando Obama con el objetivo de acabar con el hacinamiento en las cárceles de EE.UU., que tiene una tasa de encarcelamiento mayor que la de China, según datos oficiales.

La reforma del sistema criminal se ha convertido en una de las prioridades del segundo mandato de Obama, que quiere acabar con las elevadas condenas por delitos de drogas que la justicia impone desde que en la década de 1980 el Congreso impulsará cambios legislativos para combatir la epidemia del “crack”, que disparó el número de robos y asesinatos.

La última liberación masiva de presos se produjo en 2010, después de que Obama firmara la Ley de Sentencias Justas con el objetivo de reducir la disparidad entre las penas por tráfico de “crack”, popular entre los afroamericanos, y posesión de cocaína en polvo, más consumida por los blancos.

La Casa Blanca apoyó este mes uno de los proyectos legislativos que debate el Congreso, el único con capacidad para reformar el sistema penal y que propone cambiar algunos de los puntos de la actual legislación penal, que obliga a los jueces a imponer condenas de decenas de años de prisión por delitos de drogas no violentos.