Las Farc admiten que han seguido sembrando minas antipersona en Colombia como “mecanismo de defensa”
–La guerrilla de las Farc reveló en las últimas horas que, pese al acuerdo firmado con el gobierno para desactivar o retirar este tipo de artefactos, ha seguido sembrando minas antipersona en el territorio colombiano “como mecanismo de defensa” frente al acoso de las fuerzas militares contra sus campamentos y sus jefes.
Las precisiones las hizo uno de los cabecillas de las Farc que se identifica con el alias de Gabriel Angel en un escrito fechado en las montañas de Colombia, publicado en la web del grupo guerrillero y el cual titula “La realidad del Acuerdo sobre Desminado Humanitario en El Orejón”, en referencia al proyecto piloto que se inició hace cinco meses en esa zona rural del municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia.
Al efecto precisa: “Pese a que el acuerdo sobre el Proyecto Piloto previó que este no debía ser empleado para obtener ventajas militares, es de público conocimiento que ante la declaratoria de cese el fuego unilateral por parte de nuestra organización, el Ejército y los grupos mencionados han venido incrementando su acoso contra los campamentos y jefes guerrilleros. Llama la atención que la tropa obra de ese modo amparándose en una inexistente persecución contra el paramilitarismo”.
Agrega que “lo anterior ha obligado a las direcciones guerrilleras a adoptar como mecanismo de defensa la siembra de minas antipersona en zonas rurales distintas a El Orejón, todo lo cual complica de manera inesperada la situación de orden público en el área y atenta contra el propósito principal del proyecto piloto de desminado humanitario”.
Y concluye:
Sin invenciones ni exageraciones de ninguna índole, son estas las condiciones reales en las que se desenvuelve la ejecución del acuerdo sobre desminado en El Orejón, Briceño, Antioquia. Triste radiografía de la realidad colombiana en su conjunto. ¿Qué pasará en caso de un eventual Acuerdo Final de Paz en la Mesa de Conversaciones de La Habana?
En el extenso escrito el autor, hace entre otras, las siguientes precisiones:
No son precisamente las dificultades técnicas los mayores obstáculos a superar a mediano plazo, pero vale la pena mencionarlas a objeto de graficar el lado más amable de las grandes distancias que separan las expectativas creadas de lo realmente alcanzado. Parece por fin haber quedado atrás la discusión entre el desminado manual y el mecánico, al tiempo que entre el BIDES (del Ejército Nacional) y la APN (entidad noruega especializada) se llegan a acuerdos para flexibilizar a los estándares nacionales los métodos y técnicas de cada uno de ellos.
Al parecer haría falta la presencia de algunos técnicos explosivistas de las FARC en la zona, para mayor precisión acerca de la ubicación de las minas antipersona, pero se trata de asuntos que no pueden resolverse sino cuando se presente la visita del Grupo de Dirección a El Orejón. Ese tipo de ayudas implica el ingreso de nuevo personal al proyecto, lo cual requiere aprobación de las tres partes involucradas en el mismo.
Las verdaderas complicaciones comienzan cuando se escucha la voz de las comunidades de la zona. La primera de sus preocupaciones se relaciona con el paramilitarismo, asunto que por lo delicado preferimos tratar más adelante. Pero la gente pregunta, sin olvidar la relación que puede existir entre los dos fenómenos, lo siguiente: ¿No se afectará la estabilidad territorial, social y económica de la región con la entrega de 1650 hectáreas a una compañía transnacional, para la explotación de la mina de oro de Berlín, cercana a la vereda de El Orejón?
Resulta contradictoria la actitud de los funcionarios del DAICMA, que se oponen a que los miembros de FARC vinculados al proyecto sostengan cualquier tipo de contacto con las comunidades o sus representantes, olvidando que nuestra organización es parte activa en el proceso de paz y en el proyecto piloto. Distintas comunidades de Briceño y municipios vecinos se acercan a expresar su interés en la inclusión del proyecto piloto de El Orejón, atraídas por la posibilidad de proyectos confiables de sustitución de cultivos de uso ilícito, obras de infraestructura o la indemnización justa para todos los afectados por HIDROITUANGO que perdieron su vocación y alimentación pesquera, al tiempo que garantías para la perdurabilidad de su pequeña actividad minera y sus derechos humanos asediados por el paramilitarismo. El Orejón ha servido para develar una problemática grave y compleja que exige toda atención.
Frecuentes homicidios sucedidos en el casco urbano de Briceño y distintas veredas, presencia pública paramilitar en los mismos lugares, extorsión generalizada acompañada de amenazas y obligación a finqueros de vincular personal infiltrado en sus propiedades, imposición de normas de conducta a las comunidades, cobro de multas, control de tráfico vehicular, restricciones a la movilidad, entre otras arbitrariedades diarias, hacen parte de diversas denuncias presentadas por las comunidades al Grupo de Gestión, lo que supone su conocimiento por parte del gobierno nacional.
Tras un consejo de seguridad realizado el 3 de septiembre en Briceño, el día 4 se presentaron unos combates entre tropas del Ejército e integrantes de tales grupos en la vereda Las Auras, con saldo de un paramilitar muerto, otro herido y uno capturado. Se conoce de la captura de algunos sujetos en la cabecera municipal de Briceño. No se sabe de otras actuaciones contra el grupo criminal, pese a que los nombres y apodos de sus jefes y buena parte de sus integrantes son de público conocimiento en la región, y a que los mismos personajes se mueven por la zona en motos, carros y canoas, bien sea vestidos de uniforme y con armas largas o vestidos de civil y con armas cortas. La percepción general de la población indica que existe algún tipo de colaboración por parte de la fuerza pública, trátese de Ejército o Policía Nacional, que omiten proceder de manera enérgica contra ellos. Incluso ya cunde el temor de denunciar formalmente ante el riesgo de las inminentes represalias que ello puede acarrear.
Por el contrario, las tropas parecen dirigir su actividad represiva de modo exclusivo contra los pobladores campesinos, a quienes frecuentemente confiscan la gasolina que llevan para su consumo doméstico a menos que paguen la tarifa fijada. El argumento es que la llevan para procesar la hoja de coca, presentándose la paradoja de que quienes sí tienen tal propósito y pagan la extorsión, pueden pasar el combustible, libres de cualquier otro apremio. De igual modo, las comunidades denuncian que la presencia de la tropa en las veredas bajo la cobertura de garantizar los comicios del pasado 25 de octubre, sirvió como pretexto para la detención de varios pobladores a quienes se les endilga el delito de rebelión.
Existen propuestas por parte de comerciantes de Briceño, para ser recibidos en El Orejón por todas las partes involucradas en el Proyecto Piloto, APN, gobierno y FARC a objeto de exponer sus preocupaciones e inquietudes con respecto al fenómeno paramilitar en la zona, buscando sobre todo blindarse de garantías suficientes por parte incluso de entes internacionales.