En cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente Juan Manuel Santos hizo este viernes un reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado de Colombia en el caso conocido como ‘Rodríguez Vera y otros’ desaparecidos del Palacio de Justicia en Bogotá, durante los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, hace 30 años.

Durante el acto realizado hoy en el Palacio de Justicia, en el que estuvo acompañado por familiares de las víctimas, magistrados de las Altas Cortes, el Fiscal General, el Contralor General, el Nuncio Apostólico, embajadores, representantes de la Corte Interamericana y los presidentes de Senado y Cámara, entre otros, el Jefe de Estado recordó que “aquí, hace 30 años, este edificio construido para impartir justicia fue escenario de horrores y atrocidades”.

Afirmó que “en un suceso que vivirá por siempre en la memoria de los colombianos, aquí se vivió la guerra misma, esa guerra de explosiones y ráfagas de fusil que solo parecía ocurrir en los noticieros, en lugares alejados de las ciudades”.

“Aquí se sacrificó a la Justicia y a sus más altos magistrados, además de abogados, funcionarios y visitantes ocasionales del Palacio, y comenzó la tragedia de otros tantos que hasta este momento se sigue descubriendo en todos sus detalles”, señaló.

El Presidente Santos expresó también su solidaridad y afecto a los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos en los “hechos funestos” del Palacio de Justicia.

Reconocimiento de responsabilidad y petición de perdón

Acto seguido y tras considerar que la paz es perdón, reconciliación y reencuentro, pero también admitir responsabilidades”, el Jefe de Estado procedió a cumplir con las medidas de reparación ordenadas en la citada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual hizo con las siguientes palabras:

“Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por:

• Las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda.

• Por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

Con estos hechos el Estado violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

• Por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por 16 años, y de Norma Constanza Esguerra Forero hasta la actualidad, lo que generó la violación del derecho a la vida en relación del deber de respeto y garantía de la Convención Americana.

• Por la detención y tortura de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal. En perjuicio del señor Rubiano, el Estado también violó su derecho a la vida privada.

La Corte consideró que algunos de los maltratos a los que fue sometida Yolanda Santodomingo Albericci fueron agravados en su condición de mujer y en razón de su género.

• Por la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal.

Adicionalmente, quiero manifestarles a los padres, a las madres, a las esposas y esposos, a los y las compañeras permanentes, a los hijos, a los hermanos de las víctimas, que lamentamos profundamente lo ocurrido con sus familiares.

Algunos padres, abuelos, familiares, murieron con la angustia de no haber conocido la suerte de sus seres queridos, y eso también nos duele.

Por eso –en nombre del Estado– pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura”.

‘Lo hago de corazón, no solo para cumplir una orden’

Al terminar esta primera parte del acto de reconocimiento del Estado colombiano y de petición de perdón por los hechos mencionados, el Presidente de la República dijo que hacía esto “de corazón” y “no solo para cumplir una orden”.

“Porque ningún colombiano, ninguno, puede verse expuesto a la vulneración de sus derechos por parte de agentes del Estado, que están para protegerlos, ni de cualquier otra persona”, recalcó.

“Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable, del M-19, pero, si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse”, sostuvo.

‘Todavía persiste una deuda moral’

El Mandatario consideró que hoy “lo más importante, lo que todavía imploran muchos familiares, es que se conozca la verdad sobre sus seres queridos”, lo cual ocurre también con los “tantos hechos de violencia que se han presentado en este país durante las últimas décadas”.

El Jefe de Estado dijo que “todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de Justicia, que deberá ser saldada con avances significativos en las investigaciones penales, la condena de los responsables, el establecimiento del paradero de los desaparecidos, la adecuada reparación a las víctimas y sus familiares y, sobre todo, el esclarecimiento de la verdad”.

Agregó que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana, es su deber “reconocer la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia, por las alteraciones a la escena del crimen, por las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, y por los múltiples errores en la identificación y entrega de los cuerpos”.

Llamado a avanzar prontamente en la búsqueda de la verdad y la ubicación de los otros desaparecidos

Al proceder a cumplir una segunda parte de la sentencia, el Presidente de la República recordó que, en días pasados, dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, se logró la identificación de los restos de “Cristina del Pilar Guarín Cortés, Luz Mary Portela León y Lucy Amparo Oviedo, víctimas de desaparición reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana”.

Al respecto, el Mandatario consideró que hay que destacar este progreso importante, pero también hizo un llamado a que se avance prontamente en la búsqueda de la verdad y la ubicación de los otros desaparecidos.

“Por eso insisto: nuestro compromiso con la paz también lo es con la verdad, con la reconciliación y con el perdón. Nuestro compromiso también es con los miles de desaparecidos que reportan las cifras oficiales”, dijo.

Aseguró además que los colombianos “necesitamos sanar las heridas” y consideró que “la cicatriz solo se irá borrando en la medida en que haya respuestas, verdad y compromiso por encontrar a los desaparecidos”.

El Estado continuará con las medidas de reparación

El Presidente Santos anunció que el Estado colombiano, respetuoso de sus compromisos internacionales y de las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “continuará con la implementación de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia, las cuales han sido lideradas directamente desde la Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos”.

“No me queda más que reiterar nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y, aunque sabemos que nada podrá reparar el vacío y el dolor que ha dejado cada uno de sus seres queridos, espero que este acto contribuya con su reparación integral y permita forjar un camino de reconciliación”, dijo.

“Han pasado 30 años, es mucho tiempo, y quisiera que retorne su confianza en las instituciones, porque éstas hoy trabajan, hoy trabajamos, por un país en paz, sin violencia y respetuoso de los derechos humanos. La Justicia ardió en Bogotá entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Hoy, 6 de noviembre de 2015, queremos que la Justicia y la Verdad brillen de nuevo”, concluyó el Presidente de la República.