El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, señaló que la Superintendencia de Servicios Púbicos está facultada legalmente para inspeccionar y vigilar los recursos financieros y tarifarios de las empresas generadoras por concepto del Cargo de Confiabilidad.

El Contralor recordó que las atribuciones que le confiere la ley a los servidores públicos son también deberes.

Para el jefe del ministerio público, “es inaceptable que, ante la crisis actual del mercado de energía, se aduzca falta de competencia legal como excusa para no adelantar actuaciones que sí le corresponde adelantar a esta entidad”.

El Contralor General agregó que “la Superintendencia debe solicitar a los generadores los fundamentos y soportes de las inversiones que han hecho con esos recursos y con esta información, o para obtener la misma, la entidad puede hacer vigilancia preventiva, hacer visitas de inspección, aplicar sanciones, exigir correctivos y compromisos para subsanar problemas detectados, entre otras medidas”

Añadió que “las generadoras deben rendir las cuentas que corresponden sobre la diligencia con que acometieron sus inversiones y la razonabilidad de sus costos. Así mismo, se pueden identificar y dimensionar dificultades cuyo origen puede radicar en el mismo diseño del Cargo por Confiabilidad”.

«La Contraloría General de la República adelantará por su parte las acciones de control fiscal de su competencia, entendiendo que el uso de los recursos destinados a remunerar las Obligaciones de Energía en Firme a través del Cargo por Confiabilidad, facturado de manera obligatoria a todos los usuarios finales del servicio de energía y financiado en parte con subsidios del Presupuesto General, corresponde con el interés general y su destino no debe ser otro que el de proveer confiablemente un bien público esencial como es la electricidad», indicó Maya Villazón.