–Las Farc plantearon que “algunas posturas obcecadas del Estado obligan a prender las alarmas frente al futuro de la mesa y al futuro de la paz en nuestro país” y advierten que en el camino aún subsisten graves dificultades que se atraviesan como “mulas muertas” en la búsqueda de ese objetivo.

Los pronunciamientos lo hicieron los cabecillas del equipo negociador de las Farc en sendos comunicados emitidos en la capital cubana al hacer un balance de los 3 años de conversaciones.

Los representantes de las Farc destacan los acuerdos alcanzados hasta ahora y dicen que ello “debería llevarnos a hacer un balance optimista de las conversaciones”, pero, subrayan, “con realismo debemos señalar que en el camino hay obstáculos y que aún subsisten graves dificultades”.

“Al desconocimiento velado del acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz pactado el 23 de septiembre, se suman las iniciativas legislativas unilaterales que van en contravía de lo ya acordado en La Habana -como la ley de ZIDRES o el llamado “Plebiscito por la Paz”-, así como la ausencia de una política integral eficaz de combate al paramilitarismo y a sus estructuras de soporte y apoyo”, señalan en un mensaje enviado a la segunda asamblea nacional por la paz, luego de reseñar los siguientes avances en las negociaciones:

En La Habana hemos alcanzado tres acuerdos parciales -Reforma Rural Integral, Apertura Democrática y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas- frente a los cuales mantenemos 28 salvedades cuyo contenido el gobierno se niega a discutir, destacan en su informe y añaden que adicionalmente, se han alcanzado acuerdos en el marco del punto de “Víctimas”, que son: la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas -cuyo informe ya es público-, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Se trata entonces de avances de gran importancia–continúan señalando–, a los que podemos sumarle el desarrollo paralelo de discusiones relativas al Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo, la dejación de armas, el desmonte del paramilitarismo, las condiciones de seguridad, el enfoque de género de los acuerdos, y la situación carcelaria de prisioneras y prisioneros políticos y de guerra.

“Todo esto debería llevarnos a hacer un balance optimista de las conversaciones”, afirman. Sin embargo, subrayan, con realismo debemos señalar que en el camino hay obstáculos y que aún subsisten graves dificultades.

Al efecto, hablan que “algunas posturas obcecadas del Estado obligan a prender las alarmas frente al futuro de la Mesa y al futuro de la paz en nuestro país”, y, entre otras cosas, reseñan “el molesto debate abierto por los voceros del gobierno frente al acuerdo de justicia”, que fue recuerdan fue refrendado en La Habana el pasado 23 de septiembre con la presencia su cabecilla principal alias Timochenko, del presidente Juan Manuel Santos y de Raúl Castro Ruz, presidente de Cuba.

Luego hablan de los seis ceses unilaterales declarados por el grupo guerrillero y advierten que la actual tregua “se encuentra bajo el asedio permanente de las fuerzas militares y paramilitares en todas las regiones, lo que nos ha llevado a lanzar una voz de alerta, pues su permanencia en el tiempo se encuentra en serio riesgo”.

En otro comunicado, que titulan “Reflexiones sobre las conversaciones de paz en La Habana”, dicen que contra los logros, “conspiran obstrucciones y desavenencias que no debieran estar instaladas como nubarrones que oscurecen la confianza construida con tanto esfuerzo a partir del invaluable apoyo que la gente humilde y otros sectores han brindado al proceso con desprendimiento”.

Al efecto, citan “el unilateralismo, el empecinamiento intransigente, el egoísmo político excluyente, la ausencia de sentido común, la mezquindad de clase, el incumplimiento de la palabra empeñada por parte del bloque de poder dominante, se siguen atravesando como mulas muertas en la mitad del camino”.

Afirman que “no se puede seguir persistiendo en la aplicación de políticas neoliberales que sacrifican y victimizan al conjunto de la sociedad y en especial a los más pobres, echando por la borda la soberanía nacional y condenan al país a continuar en la confrontación. No se puede seguir despilfarrando el erario público en un gasto militar y de guerra, y menos lanzándolo al foso de la corrupción y a la voracidad mezquina de los privilegiados”.

Luego señalan que “es necesario no adelantar un pacto de impunidades, debemos hacer cierto el propósito de que esa verdad sea asumida por el conjunto de los actores del conflicto, sin que quede excluida, como se pretende, la casta dirigente y el Estado que la representa, supremos responsables de las causas y las consecuencias de una guerra que se ha convertido en la más prolongada del hemisferio”.

“Queremos expresar también–subrayan–, que no es admisible que todo gesto unilateral de la insurgencia sea interpretado como expresión de debilidad y que entonces se apriete con nuevas exigencias de sometimiento, pretendiendo la ilusión de la rendición del pueblo armas”.

Dicen que insisten en que están “listos para firmar un acuerdo de paz que abra las esclusas del poder constituyente del soberano, pero ¿en qué quedaron los afanes de aquellos que después de firmar el compromiso de Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia, han puesto freno a las dinámicas de la Mesa, mientras se hostiga al movimiento popular y se expande la militarización del territorio asediando a una fuerza insurgente que ha cesado sus acciones ofensivas contra la Fuerza pública y la infraestructura económica?

Finalmente precisan: Si la paz es asunto de toda la sociedad en su conjunto, no es a partir de un acto legislativo o de un plebiscito no consensuado que se va a alcanzar la refrendación y la implementación de los acuerdos, menos cuando ni siquiera hemos abordado en la Mesa el debate de dicha temática. Para dar un cierre pleno a los asuntos que tocan con el punto fin del conflicto, y en especial su numeral 5 referido a los cambios institucionales, para que esto y el conjunto de los aspectos más complejos de disenso sean resueltos, no hay otro camino de solución que el de una Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que sea el pueblo, desplegando todas sus potencialidades, quien otorgue seguridad jurídica al tratado de paz duradero y no ocurra que gobiernos sucesivos se aventuren a borrar con el codo lo que se construya con sacrificio y abnegación.