Judicial

Imputarán cargos a Gobernador del Chocó por presunto desfalco a la salud

Gobernador del ChocóEl próximo 3 de diciembre, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en contra el Gobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna, por incurrir presuntamente en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documentos.
La petición de la Fiscalía para llevar a cabo dichas audiencias de basa en la hipótesis de “que el señor Gobernador habría utilizado de forma indebida recursos del sistema de salud y de seguridad social para el pago de créditos de su campaña política; recursos que debían haberse destinado a la compra de medicamentos para población vulnerable”, señaló el Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo Torres.

Según las investigaciones, el departamento chocoano a través de la Secretaría de Salud celebró contratos de prestación de servicios para el suministro de medicamentos pos y no pos para esta población; sin embargo, el Vicefiscal Perdomo indicó que “en el trámite y celebración de estos contratos, se violaron los principios de contratación pública porque se inobservaron requisitos legales esenciales, especialmente los previstos de manera particular para este tipo de contratos”.

“El señor Gobernador del Chocó habría contado con la participación de varios funcionarios de su administración para la celebración irregular de estos contratos. Algunos de estos funcionarios ya fueron imputados y otros siguen siendo investigados por estos hechos”, agregó el alto funcionario.

Igualmente se habría determinado que el mandatario departamental tuvo conocimiento de que los servicios no fueron prestados, así como que los pacientes no habían acudido al sistema de salud; pero para dar apariencia de legalidad requirió la expedición de certificados de auditoría médica por un funcionario designado con esa finalidad e hizo efectivo el pago.

Perdomo concluyó que “a partir de la evidencia del proceso se logró establecer que en la actividad contractual participó el señor gobernador de forma directa, quien al constituir la llamada red de prestación de servicios de salud, fue consciente que la única finalidad era apropiar los recursos del erario para retribuir los gastos de su campaña”.