Una debilitada producción de alimentos, una excesiva concentración de recursos y funciones por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del INCODER y una ineficiente asignación presupuestal, son algunas de las situaciones que según la Contraloría General de la República marcan hoy en día el panorama del sector agropecuario.

En un análisis sobre la transformación del campo en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, publicado en la más reciente edición de la revista Economía Colombiana, la CGR sostiene que actualmente se mantiene buena parte de los instrumentos de política que se incorporaron a este sector entre los años 1990 y 1994, a pesar de que las necesidades no son las mismas:

«La desestabilización económica y política en distintos países, la pronunciada caída de los precios del petróleo y la volatidad de la oferta alimentaria que conllevó a su encarecimiento, han traído consigo cambios notables en el ámbito rural y el debilitamiento de la producción de alimentos en Colombia».

El sector agropecuario ha perdido importancia en el Presupuesto General de la Nación: los recursos asignados para inversión caen de 14% del PGN en 1992 a 3% en 2005 y desde entonces se recuperan lentamente hasta alcanzar cerca del 6% en 2014; y pese a la fuerte inyección de recursos públicos en esta última etapa, el PIB agropecuario se rezagó del PIB total de Colombia.

«Un cuarto de siglo después de expedida la Constitución de 1991 los resultados del sector agropecuario colombiano no son alentadores. El PIB sectorial decrece respecto del PIB total, la balanza comercial agropecuaria se deteriora y los precios internos de los alimentos son los más volátiles de la canasta familiar», señala el artículo elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario.

Concentración de funciones y recursos en Minagricultura

En vísperas de una nueva modificación de las instituciones del sector agropecuario prevista en el PND 2014-2018, para lo cual el Congreso otorgó expresas facultades al Gobierno Nacional, vigentes hasta diciembre de 2015, la Contraloría recordó como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) son las dos únicas entidades que han sobrevivido a las continuas reformas organizacionales sufridas desde la expedición de la Carta Política de 1991.

El Fondo DRI desapareció del escenario en el año 1997. La entidad encargada de la acuicultura y pesca (el INPA) fue liquidada en 2003 y nueve años después, en 2012, fue revivida con el nombre de Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

La emblemática entidad encargada de la reforma agraria en Colombia (INCORA) salió del presupuesto en 2007, siendo reemplazada misionalmente por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) desde el año 2003.

Según este análisis de la CGR, la reforma institucional del sector agropecuario del año 2003, implicó una inestable reacomodación de las prioridades del Estado.

«Una de sus consecuencias ha sido la progresiva concentración de recursos y funciones en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Incoder: en el período 1990-2014 el presupuesto del Ministerio se ha multiplicado 28 veces y en 2014 acaparó el 77% del presupuesto total del sector».

Ineficiencia presupuestal

A esta concentración de recursos se añade un problema adicional, como es la ineficiencia del gasto público en el sector, que se explica de la siguiente manera en el artículo de la revista Economía Colombiana:

«Las asignaciones presupuestales ineficientes están asociadas con la captura de buena parte de la institucionalidad agropecuaria por parte de gremios y grandes productores».

«De igual manera, el gasto tributario en el año 2013 (recursos fiscales que el gobierno nacional deja de percibir por exenciones tributarias) calculado a partir de las declaraciones de renta e impuestos CREE de la DIAN correspondientes al sector agropecuario ascendió a $68 mil millones (apenas 4.3% de la diferencia entre sus ingresos y costos), concentrados en actividades tales como cultivo de caña de azúcar, cultivo de palma para aceite y otros frutos oleaginosos, y cría de ganado bovino y bufalino».

«Cuando esta variable se incluye como explicativa del crecimiento agrícola, no resulta significativa desde el punto de vista estadístico, lo cual se entiende como un gasto presupuestal ineficiente».

Planes desarticulados y que no son evaluados

El artículo sobre «La transformación del campo en el PND 2014-2018», sostiene que los Planes de Desarrollo diseñados desde 1991 tienen un gran defecto que es su total desarticulación con los planes municipales y departamentales, lo cual es abiertamente contrario a lo previsto en la Constitución Política que establece una planeación territorialmente coordinada.

«También se carece de evaluaciones permanentes, sistemáticas y públicas sobre los resultados de los Planes de Desarrollo, lo cual priva a la ciudadanía de información vital sobre el desempeño de sus gobernantes y constituye un grave déficit de democracia».

Para la Contraloría, «la ausencia de diagnósticos sobre las metas propuestas en los anteriores Planes Nacionales de Desarrollo y la carencia de Evaluación de Resultados amenazan con hacer de los PND tan sólo iniciativas legislativas para cumplir un mero formalismo legal y no lo que debe ser: una Hoja de Ruta de mediano plazo».

El actual PND 2014-2018 intenta corregir esos yerros al afirmar que se orienta hacia los resultados y pretende adoptar un enfoque territorial.