–Fuerzas combinadas de las Fuerzas Militares de Colombia y Brasil asestaron un duro golpe a la minería ilegal en la región amazónica común, al neutralizar cuatro puntos de producción y otros seis a cielo abierto que estaba listos para iniciar la explotación, al parecer promovidas por bandas criminales.

En la operación, desarrollada en una acción conjunta, coordinada e interagencial entre el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, se inutilizaron 18 minas y 12 dragas y se capturaron 24 personas reponsables de la destrucción del medio ambiente en la frontera común colombo-brasileña en el departamento del Guainía.

La acción, desplegada en desarrollo de la operación denominada “Anostomus II”, contó con la participación del CTI de la Fiscalía y diferentes entidades del Estado y logró un importante resultado en la lucha contra organizaciones ilegales dedicadas a la minería ilegal y criminal que atacan directamente los recursos naturales y el ambiente en el departamento de Guainía, reseña el comunicado emitido por el comando de las Fuerzas Militares.

Añade que en la operación se desarticularon cuatro puntos destinados a la producción ilegal de minería en los corregimientos de Morichal y Puerto Colombia a través de órdenes de registro y allanamiento, logrando la captura de 24 personas, las cuales posteriormente aceptaron cargos ante un juez de control de garantías por los delitos de daño a los recursos naturales, contaminación ambiental, invasión de áreas de especial importancia ecológica y explotación ilícita de yacimiento minero.

Con la operación se golpean las organizaciones al margen de la ley que delinquen en la jurisdicción, las cuales tenían con las dragas una producción mensual de 72.000 gramos de oro.

Los frentes mineros contaban con una producción de 10.440 gramos de oro al mes, para un valor estimado en este periodo de 6.595’200.000 millones de pesos.

El mercurio utilizado para esta práctica representa peligro y amenaza latente y silenciosa tanto para la población civil y comunidades indígenas que residen en el sector de los ríos Guainía e Inírida.

El resultado se produjo luego de una ardua labor de unos 600 hombres comprometidos en la operación, apoyados con 16 aeronaves –que recorrieron a diario distancias de más de 700 kilómetros– y nueve botes que navegaron cada día un promedio de 160 kilómetros.

Segunda operación

En el comunicado, el comando militar colombiano complementa:

‘Anostomus II’ es la segunda operación que se realiza en esta región del país en 2015 contra la minería ilegal y criminal, consolidando de esta forma una lucha directa de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, Fiscalía Nacional y demás entidades del Estado por preservar uno de los más importantes ‘pulmones’ del mundo, la región geográfica conocida como el Escudo de Guayanés.

Con esta operación se busca salvaguardar la Reserva Natural Puinawai, una de las 56 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y tres de los más importantes resguardos indígenas del Guainía de las etnias Puinaves y Curripacos, logrando su desplazamiento forzoso de la región, sometiéndolos a ejercer la explotación minería y cambiando sus usos y costumbres.

La Brigada contra la Minería Ilegal y Criminal tiene la misión principal de proteger los recursos naturales del país y el ambiente, además de neutralizar las finanzas de las estructuras al margen de la ley dedicadas a esta práctica.

Trabajo con comunidades

Dentro del compromiso en la lucha contra los nuevos fenómenos que afectan la seguridad nacional como la minería ilegal y criminal, la Octava División del Ejército Nacional lideró la convocatoria de los ministerios de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Incoder, ICBF, Migración Colombia, Parques Nacionales Naturales y demás instituciones del orden nacional y regional en aras de fortalecer la presencia institucional e impulsar el desarrollo en los departamentos de Vichada y Guainía, específicamente en las comunidades de El Tuparro, Chupave y Campo Alegre.

Respecto a los anterior, se generaron espacios en los que fueron escuchadas las necesidades básicas de los líderes de la región y en los que se plantearon las posibilidades de oferta institucional a través de generación de proyectos productivos, capacitación y acompañamiento, proyectos de infraestructura, adecuación, construcción, fortalecimiento de los programas etnoeducativos, familias guardabosques y generación de proyectos con enfoque diferencial.

De esta forma se demuestra una vez más el compromiso que tienen la Octava División y demás instituciones del Estado, por preservar esta región del país, clave para el desarrollo y supervivencia de las nuevas generaciones.