Cerca de 20.000 estudiantes del área rural se quedarían sin donde estudiar para el 2016 y más de 4.000 en el área urbana del departamento de Antioquia, a raíz de la expedición del decreto 1851 del 16 de septiembre de 2015 por parte del Ministerio de Educación que modifica las condiciones de contratación y la composición de los bancos de oferentes, para la modalidad de educación por cobertura, denunció el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Víctor Correa Vélez.

El congresista de Antioquia, quien hace parte de la Comisión VI de la Cámara afirmó que “si bien la educación debe propender por el aumento de la calidad y la regularización de la misma a través del establecimiento de planteles educativos estatales, las medidas adoptadas por el Ministerio no consultan la realidad de los planteles existentes y eliminan los oferentes de este servicio educativo sin que se haya suplido adecuadamente la oferta. Afectando principalmente a los sectores populares del área metropolitana y el área rural de Antioquia, en regiones que como el magdalena medio, y el nordeste de antioqueño configuran la oferta educativa mayoritaria”.

Además, este 1 de diciembre el representante Correa dejó constancia en la Comisión VI de Cámara de Representantes que se ocupa de discutir los temas de educación en el país y radicó una proposición para adelantar un debate de control político que espera que se realice antes de este terminar este periodo legislativo.

A continuación el texto de la Constancia:

Vemos con suma preocupación el decreto 1851 de 2015 expedido por el Ministerio de Educación nacional, nos preocupa de manera especial que este modifica los criterios con los que se integran las listas de instituciones sin ánimo de lucro que se pueden postular para ofrecer el servicio de educación por cobertura en las zonas más distantes del país.

En Antioquia el acceso a la educación de unos 24000 estudiantes de las zonas más apartadas esta en vilo, ya que el decreto modifica profundamente los criterios de contratación y establece severas limitantes para ofrecer este otro modelo de educación que por la precariedad de la oferta estatal se ha convertido en muchos casos en la única forma de acceder al derecho a la educación en los mismos territorios donde hoy tampoco llegan otros derechos como la salud.
Si bien tenemos la profunda convicción de que la educación debe evolucionar en el sentido de acercar la oferta y planteles educativos directamente a aquellos territorios, entendemos también, bajo un doloroso principio de realidad que las escuelas no llegaran en los pronto, es también de nuestra convicción la idea de que el derecho a la educación no puede constituirse en una fuente de lucro y por ello abogamos a favor de las instituciones sin tal ánimo.

Quiero dejar constancia que compartimos la necesidad de una educación de calidad, de una oferta pública y directa, de privilegiar el acceso a planteles educativos estatales y con condiciones de infraestructura, todos ellos fines loables, pero que no creemos que valga la pena sacrificar componentes Esenciales del derecho a la educación como lo es la continuidad y la accesibilidad, componentes profundamente afectados por la intempestiva aplicación del decreto 1851 de 2015 que carece completamente de un mecanismo de transitoriedad que permita garantizar un empalme que no sea traumático para el derecho de aquellos estudiantes que tienen por regla ser de bajos recursos y no contar con otra oferta educativa próxima.