La Procuraduría General de la Nación le pidió un informe a la Secretaría de Movilidad de Bogotá sobre los criterios que tuvo para iniciar con la imposición de los comparendos vía domicilio para aquellos que no tengan la revisión técnico mecánica vigente.

El ente de control cuestionó la viabilidad de este tipo de decisiones que podrían estar afectando derechos fundamentales de los ciudadanos, pero además el desgaste administrativo que puede verse enfrentada la ciudad por cuenta de este tipo de resoluciones.

De acuerdo con la Procuraduría, el Distrito estaría violando el derecho al debido proceso de las personas afectadas y que, según cifras de la Personería Distrital, hay miles de solicitudes de revocatoria de estos comparendos.

“Es pertinente revisar si quienes son propietarios o tenedores de un vehículo que no está en funcionamiento y tampoco circulando por las vías del país deba soportar la obligación de comparecer ante las autoridades y vincularse al proceso que se deriva de la imposición del comparendo“, indicó la Procuraduría en un comunicado.

En el Consejo de Estado fue radicada una demanda de nulidad sobre las resoluciones expedidas con el objetivo de suspender las decisiones y se espera que esta semana los magistrados en la Sección primera tomen una decisión frente a decretar la medida cautelar en este sentido mientras que se hay una medida de fondo por parte del alto tribunal.