A través del Decreto 518 de 2015, la Administración Distrital adoptó medidas administrativas y de seguridad para garantizar el orden público, la seguridad y la protección de los derechos y libertades públicas, de las personas en la Urbanización Santa Rosa de la Localidad de San Cristóbal.

Según informe de riesgo No. 006-15 emitido por la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH del 4 de mayo de 2015, se evidenció que la población de la Localidad de San Cristóbal se encuentra en riesgo de vulneraciones a los derechos humanos.

Un grupo de propietarios de viviendas ubicadas en la Urbanización Santa Rosa promovieron la acción popular No. 2003-01565, solicitando la protección de los derechos colectivos, tales como, moralidad administrativa, seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, seguridad y salubridad pública, goce de un ambiente sano, realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídica.

El Consejo de Estado amparó el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y al goce del medio ambiente sano y, creó el comité de verificación del cumplimiento de la acción popular, instancia integrada por un delegado administrativo de Cundinamarca, los actores populares, principales interesados en el mismo, el Alcalde de Bogotá o su delegado y el representante legal de La Constructora S.A., para el momento del inicio de las construcciones de la urbanización Santa Rosa.

En acatamiento de lo anterior el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, emitió el diagnóstico técnico (CT) 6889 de 2013, el cual concluyó que se está configurando una situación de riesgo público, asociado al deterioro dado por las deficiencias constructivas, las existentes condiciones de humedad, la falta de mantenimiento, ocupación indebida y en general el abandono a que están sujetas las unidades habitacionales de la Ciudadela Santa Rosa.