Con el fin de garantizar la coordinación de las acciones y los recursos de las entidades públicas nacionales territoriales, para atención y reparación a las víctimas, fue expedido el decreto 2460 de 2015.

El decreto es el resultado del trabajo conjunto de los ministerios del Interior, Justicia y Hacienda; así como de Prosperidad Social, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación.

De esta forma se da cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en los autos de seguimiento 383 de 2010 y 205 de 2015, en los cuales se identificó la necesidad de establecer una estrategia que regule los principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad, así como garantizar una coordinada ejecución de la política para la población víctima entre alcaldías, gobernaciones y entidades del gobierno nacional.

Para Tatyana Orozco directora de Prosperidad Social, este decreto es, sin duda, “un avance fundamental para garantizar los derechos de la población víctima del conflicto armado, teniendo como eje la suma de esfuerzos y recursos para lograr un país más equitativo y en paz”.

El principio de coordinación hace referencia al desarrollo de las actuaciones de los distintos niveles de gobierno; mientras que la subsidiaridad se aplica a las competencias de municipios en relación con la ayuda y atención humanitaria, mientras que la concurrencia se aplicará a las competencias en las cuales dos o más niveles de gobierno deben garantizar manera conjunta las medidas definidas por la política dirigida a las víctimas.