Por posibles irregularidades en un contrato de concesión, la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Alejandro Antonio Arrázola Carrasquilla, alcalde del municipio de Calamar y Rosario María Tadea Paaternostro Arrázola, secretaria de Obras Públicas del municipio de Calamar.

Se trata de un contrato de concesión para la prestación del servicio público de aseo en los componentes de barrido, limpieza de vías y áreas púbicas, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el municipio de Calamar (Bolívar).

La investigación señala que este contrato habría sido suscrito sin contar con estudios previos completos y suficientes que evaluarán y analizarán el componente de disposición final de residuos sólidos, la experiencia de la empresa así como la capacidad e idoneidad para ejecutar el objeto contractual en ese componente, con lo cual habría vulnerado los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.

Adicionalmente, si bien los estudios precisan que las actividades del contrato, se deben efectuar de conformidad con lo dispuesto legalmente, “no es claro cómo realizaría el contratista la prestación del servicio de disposición final, sus costos, y como se estructuraría la gestión comercial del servicio, ni las garantías que debía prestar el contratista”.

De otra parte, la Procuraduría formuló pliego de cargos a la entonces secretaria de Obras Públicas del municipio de Calamar (Bolívar), quien habría participado en la elaboración y suscripción de los estudios previos que dieron lugar a la celebración del citado contrato en las condiciones ya señaladas. Las conductas endilgadas a los dos investigados fueron calificadas de forma provisional como gravísima a título de culpa gravísima.