El organismo humanitario solicitó al Juez de Conocimiento adoptar medidas urgentes para impedir consecuencias lamentables en el medio ambiente, el empleo, la salud humana y la economía regional, como han advertido diferentes instituciones del Gobierno.

Como un instrumento para procurar la urgente protección a los derechos de miles de habitantes y especies de al menos seis municipios en el departamento del Huila, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Juez de Conocimiento que recibió una tutela del Gobierno Nacional pidiendo autorizar la generación de energía en El Quimbo, adoptar las medidas necesarias para evitar las graves consecuencias que según diferentes instituciones podrían presentarse en el corto plazo para el ecosistema, el empleo, la salud humana y la economía de esa región.

Considera la Defensoría, que si bien resulta indispensable asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en la resolución 899 de 2009, mediante la cual se otorgó la licencia ambiental para el funcionamiento de la hidroeléctrica, situaciones apremiantes como la notable disminución en el caudal del río Magdalena y el recrudecimiento del fenómeno de El Niño en un área de influencia que se extiende hasta el proyecto Betania, exigen acciones inmediatas para que los recursos hídricos estancados y con niveles mínimos no se conviertan en factores de amenaza para las especies allí contenidas, ni para la salud pública frente a patologías como el dengue, el chikungunya, el zika y la fiebre amarilla, a propósito de la cual la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron una alerta por la temporada de sequía.

Aunque corresponderá al Tribunal Administrativo del Huila pronunciarse de fondo respecto a las condiciones para el funcionamiento de El Quimbo, tema frente al cual la Defensoría del Pueblo ha requerido a las autoridades nacionales y territoriales involucradas para que cumplan con las obligaciones establecidas en la resolución que otorga la licencia ambiental del proyecto, la Entidad hace un llamado para que en las actuales circunstancias se adopten las determinaciones pertinentes a fin de evitar una posible vulneración a los derechos colectivos en esa zona del país.

La Defensoría, que a finales del año pasado interpuso una acción de nulidad contra el aumento en las tarifas de energía y que había emitido un concepto ante la Corte Constitucional respecto a la inexequibilidad del decreto que a través de medidas extraordinarias permitió autorizar la generación de energía en el embalse, advierte que dadas las condiciones apremiantes actualmente existentes en el área de influencia de la hidroeléctrica, urge que el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento en Neiva, se pronuncie y resuelva esta coyuntura.