Presuntas irregularidades con la venta de textos y materiales en sitios exclusivos, listados desproporcionados para preescolar, condicionamiento para el inicio del año lectivo a la entrega total de los elementos solicitados y aumentos exagerados en el valor de la matrícula, son algunas de las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo.
Denuncias que comprometen a 27 colegios de 10 ciudades y municipios en diferentes regiones del país, ha recibido la Defensoría del Pueblo en el marco de su campaña “Útiles sin Abusos”, cuyo propósito es facilitar a los padres de familia el acceso a mecanismos de defensa de sus derechos respecto de las irregularidades que suelen presentarse por parte de algunos planteles educativos al inicio del año escolar.
Las quejas van desde la exigencia para adquirir textos y materiales en lugares específicos, pasando por listas desproporcionadas para alumnos de preescolar y primaria, la inclusión de elementos de aseo y papelería que son responsabilidad de los planteles educativos, hasta aumentos exagerados y prohibidos en el valor de las matrículas, entre otros factores.
Llaman la atención casos como el de un colegio en Usaquén, el cual incrementó el valor de la pensión en más del 100 por ciento, cuando según la resolución del Ministerio de Educación el ajuste no puede ser mayor al 6,46 por ciento; la situación de otro establecimiento educativo en Kennedy que pide resmas de papel, libros y cuadernos en cantidades no adecuadas para niños que ni siquiera llegan a los 3 años de edad; y el caso de otro plantel que pone como condición la entrega de todos los materiales para autorizar el ingreso a clase de sus estudiantes.
Las denuncias, recibidas desde ciudades como Bogotá, Cali, Neiva, Popayán, Ibagué y Santa Marta (donde hay instituciones que por segundo año consecutivo aparecen en el reporte de inconformidades), además de municipios como Cajicá, Soacha, Bello y Girón, fueron remitidas a las Secretarías de Educación en cada territorio, para que se adelanten las investigaciones respectivas, y en caso de ser necesario se apliquen las sanciones a que haya lugar.