–La Defensoría del Pueblo informó este miércoles que prepara una denuncia penal contra la EPS Cruz Blanca y la clínica Juan N. Cortas por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de la señora Rubiela Chivará, mientras esperaba que le prestaran atención médica en Bogotá.

Al mismo tiempo, el organismo de control humanitario pidió investigar a las autoridades encargadas de realizar las diligencias de levantamiento del cadáver, que se demorararon más de 7 horas.

En un comunicado la Defensoría estableció que decidió emprender la acción penal por “la presunta negligencia de la EPS para brindar atención oportuna a la paciente, así como la falta de coordinación y la precaria respuesta de las autoridades para realizar las diligencias de levantamiento”.

“Situaciones como la presunta negligencia de la entidad prestadora de salud para garantizar el derecho a la vida de la paciente, quien según sus familiares gestionaba una cirugía de corazón desde el 15 de mayo de 2015, al igual que la posible falta de coordinación de los organismos de seguridad, socorro y legistas en Bogotá, motivaron la acción del organismo humanitario”, señala el documento.

Agrega que de comprobarse que la doble postergación del procedimiento quirúrgico (previsto, según los allegados, para el 6 de enero pasado) puso en peligro la integridad de la paciente, podría configurarse un homicidio culposo por parte de la EPS y la IPS a cargo de la afiliada.

En este sentido, indica que solicitó también el concurso de la Secretaría Distrital de Salud, pero simultáneamente de la Superintendencia del ramo, en el entendido de que si las fallas que se presentaron durante y después de la muerte de la señora Rubiela Chivará comprometen a las autoridades de la ciudad, la competencia del nivel nacional es perfectamente válida.

La Defensoría del Pueblo pidió igualmente la intervención de la Procuraduría General de la Nación, a fin de revisar los procedimientos y protocolos de reacción frente a hechos de esta naturaleza, y en el caso particular de esta nueva víctima, establecer las responsabilidades administrativas y disciplinarias por las presuntas irregularidades en la aplicación de los mismos, desde el momento en que ingresó la llamada de emergencia hasta que finalmente se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

“Para la Defensoría–continúa diciendo el comunicado– no son suficientes las excusas frente a una situación tan lamentable, en la que se reflejan múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues episodios como la muerte del señor José Ángel Chíquiza en octubre de 2012 cuando hacía fila para que lo atendieran en la EPS a la cual había sido trasladado luego de la liquidación de Salud Cóndor, fueron señalados por la Institución como un punto de partida para que se tomaran las medidas correspondientes a fin de evitar nuevas tragedias de esta naturaleza, sin que ello tenga consecuencias en la práctica”.

Por ello –concluye–, estima la Defensoría del Pueblo que sólo a través de sanciones ejemplarizantes y la restitución de derechos a los afectados, será posible sentar un verdadero precedente.