–“Aunque no se han registrado acciones bélicas ni ataques contra la Fuerza Pública ni la infraestructura energética y vial, persisten algunas acciones con consecuencias para la población civil”, denunció la Defensoría del Pueblo en un reporte sobre el desarrollo del cese del fuego unilateral que realizan las Farc.

Entre las acciones contra la población civil, la Defensoría reseña casos de reclutamiento ilegal de adolescentes y de desplazamiento forzado de familias por la misma causa.

En el comunicado, el organismo de control humanitario hace las siguientes precisiones:

“Un panorama alentador respecto a la notable reducción de hechos violentos como resultado del cese al fuego y las hostilidades de las Farc, reportó la Defensoría del Pueblo, al señalar que las acciones bélicas con posibles infracciones a los derechos humanos bajaron en un 84 por ciento, al compararse el período de ruptura de la tregua ofrecida por esa guerrilla (entre el 22 de Mayo y el 19 de Julio de 2015), con los últimos 6 meses durante los cuales el alivio ha sido sostenido.

Sin embargo, durante el más reciente período de observación por parte del Sistema de Alertas Tempranas de la Entidad (entre el 20 de diciembre de 2015 y el 20 de enero de 2016), la Defensoría recibió reportes sobre hechos todavía preocupantes como el presunto reclutamiento ilegal de dos adolescentes de 16 años en Miraflores, Guaviare, situación que si bien habría ocurrido a finales del año anterior, sólo fue denunciada ante el organismo humanitario el pasado 14 de enero. Ese mismo día, se conoció sobre el desplazamiento forzado de dos familias por temor al reclutamiento de sus dos hijos de 15 y 16 años, quienes según las versiones recopiladas en terreno, estudiaban en el mismo Internado de donde habrían sido sacados los otros dos menores.

Simultáneamente, el SAT de la Defensoría del Pueblo fue informado sobre presuntas actividades de presión a las comunidades rurales de San José del Guaviare, para que realicen labores de deforestación, con el fin de ampliar un corredor de movilidad entre las veredas Puerto Arturo y Puerto Charras, sumado ello a presuntas jornadas de proselitismo armado en los corregimientos Pacoa y Papunahua del Vaupés, así como a convocatorias forzadas para reuniones con la comunidad en Uribe, Mesetas y Lejanías, en el departamento del Meta.

En el curso de los últimos 30 días, se han presentado combates entre los grupos guerrilleros (incluido el frente 57 de las Farc) y las llamadas Autodefensas Gaitanistas en la subregión del Bajo Cauca antioqueño y la zona rural de Riosucio (Chocó), sobre la cuenca de los ríos Truandó, Salaquí y Cacarica.

Sin embargo, ninguno de los 15 enfrentamientos armados de los últimos meses entre las Farc y la Fuerza Pública o los grupos post desmovilizados, puede considerarse como una violación del cese al fuego por parte de esa organización armada ilegal, toda vez que no es posible establecer el origen de las hostilidades, cuya reducción en todo caso es notable en las diferentes regiones del país.