Google reforzará en febrero la aplicación del derecho al olvido, que impedirá a los ciudadanos europeos el acceso a los enlaces retirados del buscador mediante el bloqueo por dirección IP, tanto en sus dominios adentro como afuera de la Unión Europea (UE).

Hasta la fecha, la empresa atendía los casos de derecho al olvido retirando enlaces exclusivamente de sus páginas europeas -por ejemplo www.google.es-, pero los usuarios del viejo continente podían seguir accediendo a esas URL si efectuaban búsquedas en las páginas de Google de países que no pertenecen a la UE o directamente en www.google.com.

A partir de mediados de febrero, se impedirá también el acceso a esas URL no europeas mediante el bloqueo de la dirección IP de los usuarios, que permite localizar el lugar desde el que se navega.

Así, aclararon desde la compañía, si un ciudadano español pide que se retiren unos resultados del buscador que contengan su nombre, se procederá a su retirada de todos los dominios europeos y también se impedirá a todos los usuarios de España el acceso a los resultados de búsqueda mostrados por el resto de dominios.

Sin embargo, los usuarios de otros países europeos sí podrán consultar esos resultados, ya que esa solicitud de retirada afecta a España.

“Estamos adaptando la forma en la que retiramos los resultados de búsqueda. (…) Además de nuestra práctica existente de retirar de todos los dominios europeos, pronto vamos a proceder a la retirada también en todos los dominios de Google para aquellas personas que busquen desde el país del solicitante”, dijo un portavoz de la compañía.

Fuentes del buscador indicaron que con esta medida, que llega tras numerosas reuniones con las autoridades europeas de protección de datos, se establece un equilibrio justo entre el derecho al olvido y el derecho a la información.

Google ya dijo en julio que considera “inadecuada” la eliminación de esos enlaces en todo el mundo, cuando la sentencia relativa al derecho al olvido sólo es vinculante en la UE.

En 2014, el Tribunal de Justicia de la UE reconocía que los ciudadanos tienen derecho a ser “olvidados” en internet. Es decir, que pueden reclamar a Google y otros buscadores que retiren de sus resultados de búsqueda los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes.

Son Google y las compañías responsables de otros buscadores las que han de evaluar si las peticiones se ajustan a los requerimientos de la sentencia europea.

Ese fallo judicial dictamina que la eliminación de esos enlaces sólo se aplica a las búsquedas realizadas por nombre y apellido, no por los hechos relatados, y no establece que se elimine la información de la fuente de origen, sólo del buscador.

Desde la Agencia Española de Protección de Datos celebraron este movimiento de Google: “Google nos ha comunicado recientemente que va a mejorar la aplicación práctica del derecho al olvido”, ha apuntado su directora, Mar España.

“Es un paso adelante muy importante. (…) Supone una cobertura mucho mayor para poder precisamente evitar esa búsqueda”, añadió España.