La firma norteamericana CB&I (Chicago, Bridge and Iron), a la que Glencore transfirió la construcción de la refinería de Cartagena, se estaría yendo del país sin entregar toda la información que requiere la Contraloría General de la República para adelantar la auditoría a Reficar y establecer los responsables de los sobrecostos y demás situaciones irregularidades que señaló el organismo de control en un estudio sectorial revelado esta semana.

Así lo advirtió hoy el Contralor Edgardo Maya Villazón. “La información que tiene la Contraloría, y que lo vamos a constatar en el día hoy, es que se están yendo del país y creo que pueden incurrir en algunas conductas de carácter penal”, aseguró.

“Aquí hay que entregar toda la información, no se puede borrar la información y no se pueden sustraer los discos duros de los equipos, que es lo que están haciendo, según algunas denuncias que se han conocido”, enfatizó.

Dijo que la Contraloría necesita toda la información posible sobre la forma como se ejecutó la construcción de la Refinería de Cartagena, para poder entregar al país los resultados sobre los responsables del incremento de US$4.0023 millones en los costos y la feria de adiciones de contratos que se dio aquí.
Se necesita toda la información posible, para ubicar a los responsables

El martes se instaló en Cartagena la comisión que realizará la auditoría al proyecto Reficar y, en caso de que se requiere confiscar documentos, discos duros y cualquier información adicional de CB&I, la Contraloría General de la República hará uso de las funciones de policía judicial de que está investida para estos efectos, anunció el Contralor Maya Villazón.

“En la auditoría que iniciamos vamos a profundizar en las situaciones que se encontraron en el estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, en materia de contratación y subcontratación, y a precisar cuál es la calidad constructiva de la obra, la eficiencia de la inversión y la magnitud del impacto fiscal de la misma. Y esperamos que Reficar siga entregando la información requerida, como lo ha hecho hasta ahora”, anotó.

“Nosotros necesitamos toda la documentación y la información posible, para llegar de forma inmediata a entregar los resultados a la sociedad colombiana de los responsables de estos hechos, que no solamente son las personas vinculadas a las entidades colombianas sino también los contratistas internacionales que han intervenido en este proceso. Ellos no pueden llegar a evadir esta responsabilidad yéndose del país”, agregó.
Al Congreso proyecto para recobrar la Función de Advertencia

Aclaró el Contralor Maya Villazón que la Contraloría General de la República no se opone a las grandes obras que se ejecutan en el país, pero debe estar vigilante para que situaciones como las de Reficar no se repitan.

Indicó entonces que para la Contraloría ha resultado muy grave la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la función de Control de Advertencia de que estaba investida el organismo de control, la cual se pudo aplicar en su momento cuando se hizo la venta de Telecom, por ejemplo, pero no ahora con la venta de Isagen.

Anunció al respecto que acudirá en marzo ante el Congreso de la República para solicitar que se apruebe un proyecto de ley que eleve a norma constitucional este control de advertencia y pueda ser reactivado.
“No podemos estar de brazos cruzados y llegar a recoger los platos rotos”

Para el Contralor Maya Villazón, la Contraloría está hoy limitada a ejercer un control posterior que solo le permite llegar “cuando la fiesta se ha acabado”, apenas para recoger los platos rotos y levantar un acta de defunción, cuando lo que deben hacer los órganos de control es advertir y hacer una intervención en tiempo real.

Consideró entonces que es un argumento absurdo e inadmisible indicar que solo cuando se acaben concesiones como la doble calzada Bogotá-Girardot o el Aeropuerto El Dorado, en 30 años, puede hacer presencia la acción fiscalizadora de la Contraloría.

“Una entidad como la Contraloría General de la República, que vigila $700 billones cada año, no puede estar con la brazos cruzados esperando que se hagan derroches del presupuesto nacional y del dinero de los colombianos, y después llegar a hacer un informe de los hechos presentados al estilo de un acta de defunción”, concluyó el Contralor Edgardo Maya Villazón.