Una encuesta de la empresa venezolana de estudios sociológicos Hinterlaces afirmó este lunes que un 79 por ciento de los venezolanos cree que en 2015 les fue peor que en 2014, mientras que un 15 por ciento considera que les fue mejor.
Sin embargo, la encuesta realizada del 18 al 24 de enero revela que un 52 por ciento de los venezolanos conserva la expectativa sobre la posibilidad de que mejore la situación nacional y que, en su caso particular, este año les vaya mejor que en 2015.
Por el contrario, según el estudio, un 39 por ciento considera que les va a ir peor en 2016.
Un 28 por ciento de los consultados opina que la crisis económica es “muy grave” y un 25 por ciento que es “grave”, mientras que el 43 por ciento considera que “es difícil pero puede superarse”.
El informe también abordó la percepción de los ciudadanos sobre el estado de emergencia económica decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 15 de enero y rechazado una semana después por el Parlamento de mayoría opositora.
La medida, que permitiría al Ejecutivo, entre otras cuestiones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera, “podría mejorar la situación económica del país”, según un 52 por ciento de los consultados.
Por su parte, un 32 por ciento piensa que el decreto podría empeorarla.
Un 21 por ciento considera que los actuales problemas son heredados como consecuencia de la política económica del gobierno del presidente Hugo Chávez, un 40 por ciento se los atribuye al presidente Maduro y un 33 por ciento los adjudica a “la guerra económica”, indica el documento.
El Gobierno venezolano ha acusado en reiteradas ocasiones a “la derecha nacional e internacional” de llevar a cabo una “guerra económica” para perjudicar intencionalmente la economía del país caribeño con el fin de mermar la aceptación del presidente y producir su salida antes del fin de su mandato en 2019.
El estudio se basa en 1.200 entrevistas directas en hogares y mediante bases de datos telefónicas con cobertura nacional.