En una audiencia desarrollada en el Congreso de la República, más de 400 vendedores ambulantes le pidieron al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, una “tregua” para que cesen los desalojos que ha emprendido contra el comercio informal.

De acuerdo con los vendedores informales, la tregua busca que se alcancen espacios de concertación y alternativas de empleo tal como lo ordena la Corte Constitucional en la sentencia T-396 de 1997.

Esta orden establece que “el desalojo está permitido, siempre y cuando exista un proceso que lo autorice y se dispongan políticas que garanticen que los ocupantes no queden desamparados”.

Otra de las conclusiones en la audiencia fue “generar una mesa de concertación entre los vendedores y la Administración Distrital (…) así como la convocatoria a una gran movilización para el mes de febrero”, indicó el concejal Hollman Morris quien convocó el encuentro en el Parlamento.

De igual forma, se concretó hacer un debate de control político en el Concejo por las medidas de desalojo adoptadas por la Alcaldía y solicitar audiencia ante la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de las sentencias que protegen a los vendedores ambulantes.

En la audiencia participaron congresistas y concejales como los representantes a la Cámara Inti Asprilla, Ángela María Robledo (Alianza verde), Alirio Uribe y el concejal Manuel Sarmiento (Polo Democrático). La administración Distrital envió a un delegado que no tomó la palabra.

Por su parte, el Instituto para la Economía Social (IPES) aseguró que adelanta diálogos con los afectados, en los que les ha ofrecido a 200 de ellos reubicación en quioscos y puestos en plazas de mercado, así como programas de formación y capacitación.