–El acuerdo al que se llegó en La Habana en materia de justicia, cumple con los estándares internacionales, aseguró el Ministro de Justicia, Yesid Reyes al refutar al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien en un comunicado aseguró que el pacto firmado con las Farc no se ajusta al Estatuto de Roma, que exige penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos.

En un comunicado el Ministro de Justicia hizo las siguientes precisiones en torno a los pronunciamientos del Procurador Ordoñez:

1. El comunicado de la Procuraduría General de la Nación se sirve de una afirmación general de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional sobre la necesidad de la proporcionalidad en las sanciones de la Justicia Transicional, para concluir que el acuerdo al que se llegó en La Habana no cumpliría con estándares internacionales.

2. Ni la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional llegó a esa conclusión, ni la inferencia personal del Procurador es válida, en cuanto obvia el análisis de los aspectos que la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional considera determinantes para valorar si las sanciones son o no adecuadas, tales como la necesidad de que haya un reconocimiento de responsabilidad, la desmovilización y el desarme, la garantía de no repetición de la conducta, la satisfacción de los derechos de las víctimas, la reparación o la contribución efectiva al establecimiento de la verdad.

3. Un cuidadoso análisis de requisitos como los acabados de mencionar, siempre dentro del contexto de la justicia transicional que es el ámbito donde deben ser evaluados, permite concluir que el acuerdo al que se llegó en La Habana en materia de justicia, cumple con los estándares internacionales.

4. La afirmación de que las penas imponibles deben ser de reclusión, es también propia del Procurador y no de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, que no solo ha reconocido que el Estatuto de Roma no prescribe un tipo o duración específicos de las condenas que los Estados deben imponer por crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, sino que además admite que en materia de penas los Estados tienen una amplia discrecionalidad.el acuerdo al que se llegó en La Habana en materia de justicia, cumple con los estándares internacionales. (Fin del comunicado de Minjusticia)

LO QUE DIJO EL PROCURADOR

El siguiente es el comunicado que emitió el Procuradodr Ordoñez, a propósito de unas declaraciones que formuló el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional:

1. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto al Acuerdo de Justicia Transicional entre el Gobierno y las FARC ratifica que la justicia transicional debe ajustarse al Estatuto de Roma, lo que exige penas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos.

2. Dicha condición fue ampliamente expuesta por la Procuraduría en el documento “Mínimos Penales para Máximos Responsables”, remitido a las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC en la Mesa de Conversaciones de La Habana en agosto pasado.

3. El análisis del Acuerdo de Justicia Transicional enviado por la Procuraduría a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, en el mes de enero, demuestra que no existen penas adecuadas, ni proporcionales a la gravedad del crimen cometido, sino sanciones simbólicas y manifiestamente groseras. Es un Acuerdo de impunidad.

4. Si no se cumple con una pena de reclusión adecuada y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos por los miembros de las FARC y por agentes estatales, los Acuerdos carecerán de seguridad jurídica y no serán sostenibles.

5. La Procuraduría reitera una vez más el llamado al Gobierno Nacional y a las FARC para que se ajusten a los estándares internacionales y no pretendan imponer en Colombia un Acuerdo de intercambio de impunidades. Los crímenes atroces no pueden quedar en la impunidad, ni disfrazarse ésta con discursos políticos.

Además del comunicado, el Procurador Alejandro Ordoñez reiteró sus cuestionamientos en torno al acuerdo sobre justicia transicional en declaraciones que concedió a los periodistas en la ciudad de Santa Marta.

Con relación a las reiteradas advertencias de la Corte Penal Internacional frente al acuerdo de justicia transicional del Gobierno y las Farc, en las que se destaca la necesidad de penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos, el Procurador afirmó:

“Los términos de las declaraciones del funcionario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional coinciden exactamente con lo que ha venido sustentando la Procuraduría. Queremos una paz que sea sostenible en el tiempo, queremos blindar el proceso de paz. Eso no se hace con impunidad, eso no se hace con las penas exclusivamente restaurativas, con el trabajo social”.

El jefe del Ministerio Público hizo un llamado a la sociedad colombiana para que analice y atienda las advertencias de la Corte Penal Internacional y otras voces autorizadas en el tema, al igual que pidió a la comunidad internacional sumar esfuerzos en busca de la aplicación de un modelo que garantice justicia efectiva y respeto a los derechos de las víctimas por sobre los de los victimarios.

“Lo que demuestran las declaraciones del funcionario de la Fiscalía de la CPI es que quienes hemos criticado en Colombia los acuerdos que en materia de justicia se han alcanzado en La Habana, no somos enemigos de la paz, somos amigos de la justicia. La paz es fruto de la justicia. Que no sean ingenuos y que no pretendan envenenar el proceso con la impunidad que se ha pactado en La Habana. Todavía ello se puede corregir y la opinión pública debe reaccionar. La comunidad internacional debe pronunciarse en orden de blindar el proceso en términos de justicia. La justicia es cumplir los mínimos internacionales, es decir, penas privativas de la libertad para los responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra, tanto los señores de las Farc como los agentes del Estado”.