Se entregó del segundo informe de la Comisión Verificadora del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SRPA, que da cuenta de la situación de derechos humanos que viven adolescentes y jóvenes privados de la libertad en 11 ciudades del país.

Durante esta verificación se visitaron centros del SRPA en Bucaramanga, Arauca, Montería, Sincelejo, Medellín, Barranquilla, Pereira, Cúcuta, Florencia, Popayán y Pasto, de un total de 23 en el país. En esas ciudades se indagó acerca de las condiciones de vida, salud, desarrollo, protección, desarrollo sexual, participación y debido proceso de estas personas.

En la entrega del informe el jefe de la cartera de Justicia, Yesid Reyes, señaló que con este seguimiento “se identificaron algunos aspectos que requieren intervención directa y eficaz por parte de las instituciones del Estado”. Para Reyes, este es un tema que demanda la mayor trascendencia y atención por parte de todas las instituciones integrantes del SRPA, las cuales deben trabajar conjuntamente por la finalidad restaurativa que tiene el sistema en su esencia.

El alto funcionario exaltó el papel de este órgano verificador, y señaló que su cartera valida los resultados del trabajo realizado: “La labor de esta Comisión ha permitido conocer experiencias que son muy positivas, siendo incluso ejemplo internacional en la aplicación de Justicia Restaurativa y en la eficacia de un enfoque de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de los adultos”.

Este es el segundo informe que entrega la Comisión. Ya en una primera fase había inspeccionado la situación de centros ubicados en Villavicencio, Ibagué, Neiva, Bogotá, Cartagena y Cali. En total, desde su creación en 2014, se ha verificado la situación de 43 centros para adolescentes y jóvenes.

La Comisión se conformó mediante la proposición 077 de 2014, presentada por la Representante a la Cámara Ángela María Robledo, cuyo propósito era verificar las condiciones de Derechos Humanos en las que se encuentran los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en los Centros Transitorios (CETRA), en los Centros de Internamiento Preventivo (CIP), en los Centros de Atención especializada (CAE) y en los Centros de Servicios Judiciales para los adolescentes (CESPA).

De dicha Comisión hacen parte el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Educación Nacional. La iniciativa, además, cuenta con el acompañamiento del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) en calidad de observador internacional.