El Consejo de Estado condenó a la sucesión del excontralor General de la República Rodolfo González García al pago de más de 800 millones de pesos, luego que se demostrara que sus decisiones, cuando dirigía la entidad, en 1987, ocasionaron una condena en contra de la Nación y la Contraloría General.

Aunque el señor excontralor falleció en el año 2003, serán los sucesores procesales quienes deberán cancelar la suma ordenada en el fallo.

El caso hace referencia a la condena impuesta a la entidad por la destitución de una funcionaria que laboraba en la ciudad de Miami y a la cual se le pidió su renuncia poco antes de cumplir dos años de labores, periodo que la hacía acreedora de beneficios económicos. Ante la respuesta de la funcionaria, que manifestó su renuncia pero solo después de cumplir los dos años, el Contralor procedió a declarar su insubsistencia y retirarla del cargo, nombrando en su remplazo a una persona que no cumplía los requisitos del cargo.

La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, explicó que en el presente caso se demostró que la conducta del funcionario fue dolosa, por cuanto su decisión tenía como propósito que la demandante no cumpliera los dos años de servicio en el exterior, aunque se trataba de un cargo de libre nombramiento y remoción.