La Procuraduría informó que en la actualidad cursan 11 investigaciones en temas alimentarios, 145 en programa de alimentación escolar y que muchas de estas averiguaciones tienen que ver con La Guajira.

Así lo anunció Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador general, quien presidió durante cinco horas y media y ante más de 300 personas, un consejo de política social convocado ante la emergencia humanitaria que se vive como consecuencia de la desnutrición infantil.

En su intervención, el jefe del Ministerio Público resaltó la necesidad del trabajo coordinado e inmediato del Estado para enfrentar la emergencia y exigió a las nuevas autoridades territoriales que incluyan la atención a la infancia como prioridad de sus presupuestos públicos.

“Los presupuestos municipales deben elaborarse en perspectiva de los derechos de la niñez, hay una impresionante omisión y ausencia del reconocimiento de políticas públicas que beneficien los derechos de la niñez, de acuerdo a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico”, precisó.

Preguntado por periodistas sobre la solicitud del Gobierno Nacional de suspender las medidas cautelares de protección a la niñez de la Guajira a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), el jefe del órgano de control aseguró que la situación no ha cambiado y por ello el Ejecutivo desconoce la grave problemática en La Guajira.

“Es una solicitud de una gran dosis de insensibilidad social, de carencia de realismo y que está de espaldas a la realidad. La Procuraduría oficialmente ha solicitado al señor presidente de la República y a la señora canciller de Colombia que retire esa solicitud de levantamiento de medidas cautelares. Las circunstancias no han variado desde el momento en que fueron decretadas”, puntualizó.

En el Consejo de Política Social ampliado realizado en Riohacha, del que también hicieron parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Federación Nacional de Departamentos y las gobernaciones del Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y La Guajira, la procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, advirtió sobre la reiterada vulneración de los derechos de los niños en diferentes departamentos del país y sobre los riesgos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al que calificó de “otra bomba de tiempo” que amenaza a la población más vulnerable.

“Se nos están muriendo los niños, pero también se están muriendo las madres gestantes en La Guajira”, manifestó la funcionaria, quien lamento el bajo nivel de información consolidada en esta zona del país en referencia a la desnutrición infantil y a otras problemáticas que han generado la emergencia.

Frente a la crítica situación, la Procuraduría instó a las autoridades locales a fortalecer la planeación territorial, la priorización de la población indígena, la comprensión de los enfoques diferenciales en materia de género, territorio y derechos, así como las intervenciones dirigidas a las áreas rurales.

“Según información del Gobierno Nacional, 181 niños fallecieron en 2013 por causas relacionadas”, puntualizó la funcionaria.

En el evento, Iván Mustafa, director para las regiones de la Presidencia de la República, destacó el aplicativo de consolidación de información que la Procuraduría suministró a las autoridades departamentales y municipales, calificándolo como “vital” para que en La Guajira se supere la emergencia humanitaria.

El Consejo de Política Social ampliado de hoy fue convocado por la Procuraduría General de la Nación, que continuará adelantando las acciones preventivas y disciplinarias que resulten necesarias frente a la emergencia generada por reiteradas muertes de niños a causa de la desnutrición en La Guajira y en otros departamentos del país.