El parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobará una ley para restituir o entregar en concesión unas 1.200 empresas y tierras expropiadas por el chavismo e impulsar la producción nacional, informó este lunes el promotor de la iniciativa.

“El (próximo) jueves vamos a aprobar en su primera discusión la ley de Producción Nacional”, señaló el diputado opositor Julio Borges, quien indicó que la propuesta busca darle un “vuelco radical” al modelo estatista que rige en Venezuela y que tildó de “fracaso”.
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El proyecto -añadió Borges- plantea que unas 1.200 empresas confiscadas por el gobierno socialista “sean devueltas al país, a los pequeños y medianos productores”.

Para ello, la Asamblea legislativa realizará una auditoría de dichas compañías, de las cuales 300 son productoras de alimentos -en grave escasez-, cuyas marcas “no se ven por ningún lado”, dijo el parlamentario.

El objetivo es determinar la situación de las empresas, si están produciendo o arrojando pérdidas, sostuvo.

Borges manifestó que la iniciativa también apunta a entregar a productores agrícolas cuatro millones de hectáreas de “las mejores tierras del país”, que “están en manos del gobierno” pero “son un cementerio, no dan fruto, no dan comida, nadie las está trabajando”.

“Vamos a hacer a través de la ley todo lo que es el arqueo de estas tierras para que sean también dadas a los pequeños y medianos productores, se puedan entregar en concesión o alquiler y se las ponga a producir”, dijo.
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El legislador explicó que el proyecto prevé igualmente incentivos tributarios para la inversión privada que, además, demande mano de obra local.

“Buscamos que este sistema que tenemos hoy, que lo que ha hecho es destruir empresas, empleo, marcas venezolanas, pase a un modelo donde lo que se privilegie sea la inversión venezolana, la creación de empleo”.

Venezuela se halla sumergida en una profunda crisis agravada por la caída de los precios del petróleo, generador del 96% de las divisas de este país altamente dependiente de las importaciones.

La debacle se refleja en una escasez de alimentos, medicinas y artículos de cuidado personal de un 67%, según cálculos privados, y una inflación anualizada de 141,5% a septiembre de 2015.

Para enfrentar la situación, el presidente Nicolás Maduro decretó una emergencia económica por 60 días, y se dispone a anunciar medidas que según él apuntan a pasar de un modelo rentista petrolero a uno productivo.

Maduro acusa a la oposición que querer implantar un modelo neoliberal que entregará las riquísimas reservas de crudo al capital extranjero.