El Instituto Colombiano de Derecho Procesal hace un llamado a todos los funcionarios y empleados de la Rama Judicial que se encuentran en cese de actividades para que retomen sus labores y restablezcan la normalidad en la administración de justicia.

Esta es una medida que no da espera. La justicia de nuestro país se encuentra en un momento crítico y la ciudadanía está dando muestras claras de insatisfacción y rechazo. La justicia es un servicio público esencial y su acceso debe garantizarse a todos los colombianos de manera ininterrumpida; sin una administración de justicia eficiente y comprometida todos los demás derechos y deberes de los ciudadanos se ponen en riesgo y se debilitan los lazos que nos mantienen unidos como sociedad.

El cese de actividades promovido por un sector de la Rama no es un mecanismo idóneo para resolver las diferencias. El paro perjudica a los administradores de justicia y, esencialmente, a los ciudadanos de a pie. Pierde el Estado colombiano en su conjunto, pues al no garantizar el acceso a la justicia, su legitimidad se agota de manera irremediable. Por esto, la controversia sobre la reforma a los modelos de gestión no debe darse mediante la suspensión del servicio; la Rama Judicial debe ser la primera en dar ejemplo de respeto por la ley y de la búsqueda de soluciones a través del diálogo.

El Consejo Superior de la Judicatura, y buena parte de los funcionarios y empleados, han dado muestras de su disposición a la concertación y de su interés en lograr la superación conciliada de los obstáculos. Un ejemplo claro en esta dirección fue el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, que derivó en la suspensión de la vigencia del Acuerdo No. PSAA 15-10445, en el cual se define la estructura de los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia y en la instalación de mesas de trabajo para construir, con la intervención de los funcionarios y empleados, los modelos de gestión de la Rama. Corresponde ahora reiniciar labores y aprovechar los canales de participación que se abrieron.

Solo así se recuperará la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y se garantizará a las nuevas generaciones de colombianos una administración de justicia humana y justa, oportuna y eficiente, que contribuya verdaderamente con el propósito de alcanzar la armonía social y la paz.