La Contraloría General de la República llamó hoy la atención por el riesgo latente que existe de que se incumplan los acuerdos establecidos entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018).

No solamente habría incumplimiento en lo referente a los niveles anuales de inversión con destinación a los pueblos y comunidades indígenas, sino también en lo relativo al cumplimiento concreto de los 169 acuerdos protocolizados e incluidos en el PND, aseguró el organismo de control.

La CGR llegó a esta conclusión al finalizar una Actuación Especial de Seguimiento sobre el tema, que permitió realizar un diagnóstico de las apropiaciones presupuestales destinadas a las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

«Este riesgo es evidente y se deriva tanto de las falencias en la información producida y presentada por el Gobierno Nacional, como de la incapacidad de llevar a cabo procesos estrictos de planeación estratégica con información consistente», sostuvo.

Factores de incumplimiento

Para la Contraloría General de la República, el riesgo de incumplimiento de los acuerdos establecidos en la Consulta Previa del PND se origina en los siguientes factores:

No son claras las fuentes de los recursos con los cuales las entidades del Gobierno Nacional planean cumplir los acuerdos suscritos en el marco del PND con los pueblos y comunidades indígenas.

Las cifras reportadas por las entidades confunden los recursos apropiados en el marco de la oferta institucional ordinaria del Estado para los pueblos indígenas, con los recursos que las entidades deben apropiar para destinarlos específicamente al cumplimiento de dichos acuerdos.

A la fecha no se ha concretado la concertación de los indicadores de gestión y de cumplimiento de las metas en el marco de los acuerdos suscritos. Sin estos indicadores es difícil medir objetivamente el avance en la gestión de las entidades del Gobierno.

La situación macroeconómica y fiscal del país ha implicado tanto aplazamientos de la inversión en la vigencia fiscal 2015, como recortes al presupuesto de inversión para la vigencia fiscal 2016.

Esta es una situación que pone en riesgo el compromiso de cumplir con los acuerdos en términos de distribución anual de los montos de inversión (20% en 2015, 30% en 2016, 30% en 2017, 20% en 2018) del presupuesto indicativo de entre $8 y $11 billones establecido en el parágrafo tercero del artículo 5 de la Ley 1753 de 2015.