–En Colombia, las negociaciones de paz en curso entre el gobierno y las FARC representaban la mejor oportunidad en más de un decenio de poner definitivamente fin al conflicto armado interno más prolongado de la región. No obstante, durante el año ambas partes cometieron crímenes de derecho internacional y graves abusos y violaciones de derechos humanos, principalmente contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, y defensores y defensoras de los derechos humanos.

Las afirmaciones corresponden al informe de Amnistía Internacional 2015-2016 sobre Colombia, que según el organismo, figura entre los 10 países más violentos del mundo.

De acuerdo con la ONG, las fuerzas de seguridad, los grupos guerrilleros y los paramilitares perpetraron homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y crímenes de violencia sexual, y realizaron amenazas de muerte con una impunidad casi absoluta. Los grupos guerrilleros y los paramilitares siguieron reclutando a menores como combatientes.

Tanto los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que hacían campaña por la justicia como los miembros de organizaciones de derechos humanos que los ayudaban hacían frente a amenazas de muerte y otros graves abusos contra los derechos humanos, puntualiza el documento.

El informe de Amnistia Internacional destaca que hasta el 1 de diciembre, la Unidad de Víctimas había registrado 7,8 millones de víctimas del conflicto, entre las que había casi 6,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado, más de 45.000 víctimas de desaparición forzada y aproximadamente 263.000 homicidios relacionados con el conflicto; la inmensa mayoría de las víctimas eran civiles.

Igualmente reseña que según cifras de la ONG colombiana CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), 204.000 personas fueron desplazadas a la fuerza en 2014, frente a las 220.000 del año anterior.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) registró 35 homicidios y 3.481 desplazamientos forzados en 2015. La situación de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, muchas de las cuales hacían campaña por el reconocimiento de sus derechos territoriales, era particularmente grave, precisa la ONG.

El texto del informe de Amnistía Internacional sobre Colombia es el siguiente:

COLOMBIA
República de Colombia
Jefe del Estado y del gobierno: Juan Manuel Santos Calderón

Las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) avanzaron significativamente. Las dos partes anunciaron que habían alcanzado un acuerdo sobre justicia transicional y que firmarían un acuerdo de paz en 2016. El acuerdo parecía no cumplir enteramente las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El cese unilateral del fuego instaurado por las FARC y la suspensión de los bombardeos aéreos contra posiciones de este grupo guerrillero ordenada por el gobierno redujeron la intensidad de las hostilidades.

No obstante, el conflicto armado seguía repercutiendo negativamente en los derechos humanos de la población civil, especialmente en los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad, los grupos guerrilleros y los paramilitares eran responsables de crímenes de derecho internacional.

El Congreso aprobó legislación que amenazaba con exacerbar los ya altos niveles de impunidad, especialmente la que gozaban los miembros las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos tales como homicidios ilegítimos, tortura, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, desplazamientos forzados y violaciones.

Aunque en menor número que en comicios anteriores, cientos de candidatos y candidatas a las elecciones regionales de octubre fueron víctimas de amenazas, y en algunos casos de homicidio, principalmente a manos de paramilitares.

PROCESO DE PAZ

El 23 de septiembre, el gobierno y las FARC anunciaron un acuerdo sobre justicia transicional —hecho público el 15 de diciembre— y anunciaron también que se firmaría un acuerdo de paz antes del 23 de marzo de 2016. Su componente central sería la Jurisdicción Especial para la Paz, que consistiría en un tribunal y salas de justicia especiales con jurisdicción sobre las personas que, en el marco del conflicto, estuvieran directa o indirectamente implicadas en “graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

De ser declarados culpables, aquellos que hubieran negado su responsabilidad en crímenes graves afrontarían penas de hasta 20 años de prisión. A quienes hubieran admitido su responsabilidad no se les impondrían penas de cárcel, sino entre cinco y ocho años de “restricción efectiva de libertades”.

Al proponer sanciones que no parecían ser proporcionales a la gravedad de los crímenes de derecho internacional, Colombia podía estar incumpliendo su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de prevenir y castigar tales crímenes.

Se propuso una Ley de Amnistía que favorecería a los acusados de cometer “delitos políticos y conexos”. Pese a que todavía no se había acordado una definición de los actos que constituían los “delitos conexos”, quedarían excluidas de la amnistía las personas declaradas culpables de perpetrar delitos graves.

El 4 de junio, las dos partes anunciaron planes para la creación de una Comisión de la Verdad, aunque los tribunales no podrían emplear ninguna información descubierta por la Comisión. Esta carencia podría menoscabar la capacidad del sistema judicial para enjuiciar delitos de derecho internacional.

El 17 de octubre, las dos partes alcanzaron un acuerdo sobre un mecanismo para localizar y exhumar los restos de muchas de las personas —tanto civiles como combatientes— que seguían en paradero desconocido a causa del conflicto.

CONFLICTO ARMADO INTERNO

El conflicto armado continuaba afectando enormemente a los derechos humanos de la población civil, especialmente a los de las personas que vivían en zonas rurales.1

Muchas comunidades que vivían en zonas urbanas pobres, incluidas las comunidades afrodescendientes de la ciudad de Buenaventura, en la costa pacífica, también se veían afectadas.2

Todas las partes del conflicto eran responsables de crímenes de derecho internacional tales como homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y delitos de violencia sexual. Los grupos guerrilleros y los paramilitares seguían reclutando a niños y niñas como combatientes.

Hasta el 1 de diciembre, la Unidad de Víctimas había registrado 7,8 millones de víctimas del conflicto, entre las que había casi 6,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado, más de 45.000 víctimas de desaparición forzada y aproximadamente 263.000 homicidios relacionados con el conflicto; la inmensa mayoría de las víctimas eran civiles.

Según cifras de la ONG colombiana CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), 204.000 personas fueron desplazadas a la fuerza en 2014, frente a las 220.000 del año anterior.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) registró 35 homicidios y 3.481 desplazamientos forzados en 2015. La situación de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, muchas de las cuales hacían campaña por el reconocimiento de sus derechos territoriales, era particularmente grave.

El 6 de febrero, Gerardo Velasco Escué y Emiliano Silva Oteca, del Resguardo Indígena de Tóez, fueron sometidos a desaparición forzada después de que unos hombres armados no identificados les dieran el alto cerca de la vereda de La Selva, en el municipio de Caloto, departamento del Cauca.

Dos días más tarde, la comunidad halló sus cadáveres con señales de tortura en el municipio de Guachené. El 5 de febrero se había distribuido en la zona y en los municipios vecinos una amenaza de muerte del grupo paramilitar Águilas Negras que anunciaba que había llegado “la hora de la limpieza social en el norte del Cauca”.

El 2 de julio, dos pequeños artefactos explosivos hirieron a varias personas en Bogotá. Las autoridades atribuyeron el ataque al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un total de 15 personas —muchas de ellas defensoras de los derechos humanos y activistas estudiantiles pertenecientes al movimiento social Congreso de los Pueblos— fueron detenidas, aunque sólo se presentaron cargos contra 13 de ellas.

Algunas autoridades relacionaron a estas 13 personas con las explosiones de julio y con el ELN, pero finalmente sólo tres fueron acusadas de “terrorismo” y de pertenecer al ELN. Las otras 10 fueron acusadas de delitos de armas.

Preocupaba que esas actuaciones pudieran haber sido utilizadas para socavar el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos. En el pasado, algunos miembros del Congreso de los Pueblos habían recibido amenazas de muerte y habían sufrido hostigamiento por su labor de defensa de los derechos humanos. En enero, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, uno de los líderes del Congreso de los Pueblos, fue víctima de homicidio en Bogotá.

FUERZAS DE SEGURIDAD

Siguieron disminuyendo las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, práctica generalizada y sistemática durante el conflicto. Dicha práctica incluía los “falsos positivos”: homicidios ilegítimos perpetrados por la fuerzas de seguridad —a cambio de beneficios tales como bonificaciones, permisos adicionales o ascensos— en los que las víctimas, normalmente jóvenes varones pobres, eran presentadas falsamente como muertas en combate. Los “falsos positivos” fueron frecuentes durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

A pesar de que el último informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, publicado en enero, no registró ningún “falso positivo”, incluía casos “en que las fuerzas armadas intentaron mostrar a víctimas de ejecuciones arbitrarias como bajas enemigas en combate oreorganizaron la escena de los hechos para simular legítima defensa”.

Hubo pocos avances en la investigación sobre los sospechosos de ser penalmente responsables de dichos crímenes, especialmente cuando se trataba de oficiales de alta graduación. La Fiscalía General de la Nación registró más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos decenios.

GRUPOS GUERRILLEROS

Los grupos guerrilleros eran responsables decrímenes de derecho internacional y abusos contra los derechos humanos tales como homicidios ilegítimos y ataques indiscriminados que ponían en riesgo a la población civil. El líder de una comunidad afrodescendiente, Genaro García, del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, murió por disparos de las FARC el 3 de agosto en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. En octubre de 2014, las FARC habían amenazado con matarlo si seguía dirigiendoel Consejo, que desde 2012 reclamaba la restitución de territorios.

Según la ONG País Libre, entre enero y noviembre hubo 182 secuestros. De ellos, el ELN fue responsable de 23, las FARC de 7 y los paramilitares de 24. No obstante, la mayoría de los secuestros (123) se atribuyeron a la delincuencia común. Las minas terrestres, colocadas mayoritariamente por las FARC, continuaron matando y mutilando a civiles y a miembros de las fuerzas de seguridad.

PARAMILITARES

Los grupos paramilitares, a los que el gobierno se refería como bandas criminales (bacrim), seguían cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos pese a su supuesta desmovilización en el marco del proceso de Justicia y Paz, promovido por el gobierno y que se inició en 2005. Los paramilitares —que en ocasiones actuaban con el apoyo o la aquiescencia de agentes estatales, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad— amenazaron y mataron a defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras personas.

El 11 de enero se distribuyó en el departamento del Atlántico un panfleto del Bloque Norte Costa Atlántica Águilas Negras.

El panfleto contenía una amenaza de muerte en la que se citaba a unas 40 personas, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, reclamantes de tierras y un funcionario que trabajaba en la restitución de tierras. Las personas cuyos nombres citaba la amenaza habían participado en el proceso de restitución de tierras y en cuestiones relacionadas con el proceso de paz.

Tan sólo 122 de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente abandonaron las armas en el proceso de desmovilización habían sido condenados por crímenes relacionados con los derechos humanos al finalizar el año. Unos 120 paramilitares fueron puestos en libertad tras cumplir la pena máxima de ocho años de prisión estipulada en el proceso de Justicia y Paz. Los procedimientos judiciales contra la mayoría de ellos seguían en curso. Persistía la preocupación por el riesgo que los paramilitares constituían para la seguridad de las comunidades a las que regresaban tras su liberación. Sin embargo, la mayoría de los paramilitares no habían participado en el proceso de Justicia y Paz, y se habían acogido a amnistías de facto sin que se llevaran a cabo investigaciones efectivas para determinar su posible papel, o el de quienes actuaban en connivencia con ellos, enviolaciones de derechos humanos.

IMPUNIDAD

El Estado seguía sin poner a disposición judicial a la inmensa mayoría de las personas sospechosas de tener responsabilidad penal en crímenes de derecho internacional. El gobierno también logró aprobar legislación —como el Acto Legislativo Núm. 1, que modificaba el artículo 221 de la Constitución, y la Ley 1765— que amenazaba con aumentar los ya sumamente elevados niveles de impunidad.

El sistema de justicia militar seguía teniendo competencia sobre investigaciones —que posteriormente archivaba— en torno a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por los miembros de las fuerzas de seguridad, y no hacía rendir cuentas a los presuntos implicados.

Los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos que hacían campaña por la justicia, así como los miembros de organizaciones de derechos humanos que las ayudaban, hacían frente a amenazas de muerte y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad.3

Hubo algunos avances respecto a poner a disposición judicial a algunas de las personas implicadas en un escándalo que afectaba al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio civil de inteligencia ya desmantelado. El DAS estaba implicado en amenazas y vigilancia ilegal a defensores y defensoras de los derechos humanos, políticos, periodistas y jueces, principalmente durante el gobierno del presidente Uribe. El 28 de abril, la Corte Suprema de Justicia condenó a María del Pilar Hurtado —ex directora del DAS— a 14 de años de prisión, y a Bernardo Moreno —ex secretario general de la Presidencia de Uribe— a ocho años de detención domiciliaria, por el papel desempeñado por ambos en el escándalo. El 1 de octubre, el ex director de inteligencia del DAS Carlos Alberto Arzayús Guerrero fue condenado a seis años de prisión por torturas psicológicas a la periodista Claudia Julieta Duque.

El 6 de noviembre, en una ceremonia ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Santos asumió la responsabilidad y pidió perdón por la participación del Estado en la desaparición forzada de 10 personas, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de una undécima y la tortura de varias más. Dichos crímenes ocurrieron después de que las fuerzas de seguridad asaltaran en noviembre de 1985 el Palacio de Justicia de Bogotá, en el que el grupo guerrillero M-19 mantenía a rehenes. Un centenar de personas murieron en el asalto. Muy pocos de los presuntos responsables de esos crímenes han rendido cuentas.

El 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia revocó la condena al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, al que en 2010 se le había impuesto una pena de 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada en relación con este caso.

DERECHOS SOBRE LA TIERRA

El proceso de restitución de tierras, que se inició en 2012 con el propósito de devolver a sus legítimos ocupantes parte de los millones de hectáreas adquiridas ilegalmente o abandonadas a la fuerza durante el conflicto, siguió avanzando lentamente. Al concluir 2015, sólo 58.500 hectáreas de tierra reclamadas por campesinos, un territorio indígena de 50.000 hectáreas, y otro de afrodescendientes, de 71.000, habían sido objeto de sentencias judiciales que ordenaban su devolución. Los principales escollos incluían la falta de medidas para garantizar la seguridad de las personas que deseaban retornar, y la ausencia de medidas sociales y económicas efectivas que aseguraran las sostenibilidad de todos los retornos.

Las personas que lideraban a las comunidades desplazadas y aquellas que reclamaban la devolución de sus tierras eran objeto de amenazas u homicidios.4

También se perseguía a los miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes que, para defender sus derechos territoriales, denunciaban la presencia de minería ilegal o se oponían a proyectos de intereses mineros exteriores en sus territorios colectivos.5

Suscitaba preocupación que la Ley 1753, aprobada en el Congreso el 9 de junio, pudiera permitir a las empresas mineras y a otros sectores económicos hacerse con el control de tierras adquiridas ilegalmente. Eso podía socavar el derecho de muchos de los legítimos ocupantes de esas tierras, especialmente en territorios indígenas y afrodescendientes, a reclamar su propiedad.6

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los defensores y defensoras de los derechos humanos —incluidos dirigentes comunitarios indígenas, afrodescendientes y campesinos, sindicalistas, periodistas, activistas por el derecho a la tierra y personas que hacían campaña por la justicia— corrían peligro de sufrir ataques, principalmente a manos de los paramilitares.7

También hubo denuncias de robos de información delicada en posesión de organizaciones de derechos humanos.

Algunas investigaciones criminales a defensores y defensoras de los derechos humanos seguían haciendo temer que se estuviera haciendo un uso indebido del sistema judicial para intentar socavar la labor de estas personas. En septiembre, el líder indígena Feliciano Valencia fue condenado a 18 años de prisión por mantener cautivo ilegalmente a un miembro de las fuerzas de seguridad que se había infiltrado en una protesta indígena en el departamento del Cauca.

Feliciano Valencia, que durante mucho tiempo había sufrido el hostigamiento de autoridades civiles y militares por su defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, negó los cargos que se le imputaban.

Según la ONG Somos Defensores, 51 defensores y defensoras de los derechos humanos perdieron la vida de manera violenta entre enero y septiembre, frente a los 45 del mismo periodo de 2014. Según cifras provisionales de la ONG Escuela Nacional Sindical, 18 miembros de sindicatos murieron de forma violenta en 2015, frente a los 21 de 2014.

Volvió a aumentar la cifra de amenazas de muerte contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Un correo electrónico enviado el 9 de marzo por Águilas Negras Bloque Sur amenazaba a 14 personas, entre las que había políticos que trabajaban activamente sobre cuestiones relativas a los derechos humanos y la paz, y a dos ONG de derechos humanos. La amenaza decía:

“Guerrilleros comunistas […] sus dias [sic] estan [sic] contados su sangre servira [sic] de abono al suelo patrio […] acemos [sic] extensivo este mensaje a […] sus […] hijos y […] sus mujeres.”

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Todas las partes en el conflicto eran responsables de delitos de violencia sexual cometidos principalmente contra mujeres y niñas. Muy pocos de los presuntos autores fueron llevados ante la justicia.

En junio, la decisión de la fiscalía de archivar la causa contra uno de los principales sospechosos del secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya a manos de paramilitares en el año 2000 y ponerlo en libertad suscitó tal indignación pública que la fiscalía se vio obligada a revocar rápidamente su decisión.

En julio, el gobierno promulgó la Ley 1761, que tipificaba como delito específico el feminicidio e incrementaba a hasta 50 años de prisión la pena para los culpables.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos que hacían campaña por la justicia en casos de violencia sexual eran objeto de amenazas, y algunas de las dirigidas a mujeres activistas incluían amenazas de violencia sexual.8

AYUDA ESTADOUNIDENSE

Siguió disminuyendo la ayuda estadounidense a Colombia. Estados Unidos asignó a Colombia alrededor de 174,1 millones de dólares en concepto de asistencia militar, y 152,2 millones en ayuda no militar.

En septiembre se desembolsó el 25 % del total de la ayuda militar anual, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos determinara que las autoridades colombianas habían realizado avances en materia de derechos humanos.

ESCRUTINIO INTERNACIONAL

En un informe publicado en enero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos acogió favorablemente los avances en las negociaciones de paz, aunque expresó preocupación por la impunidad y por las repercusiones del conflicto en los derechos humanos, especialmente en las comunidades indígenas y afrodescendientes y en los defensores y defensoras de los derechos humanos. El informe, a pesar de que señalaba que todas las partes beligerantes eran responsables de abusos y violaciones de derechos humanos, manifestaba que los paramilitares (a los que se refería como “grupos armados post desmovilización vinculados con el crimen organizado”) representaban “el principal reto en materia de seguridad pública”.

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señaló que el conflicto armado seguía afectando de un modo desproporcionado a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, y criticó que no se garantizara la participación efectiva de esas comunidades en el proceso de paz.

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura expresó preocupación por “la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en el Estado parte, tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, y por el hecho de “no disponer de datos relativos a los procesos y condenas penales por delitos de desaparición forzada”.

1. Colombia: Matan a campesino vinculado a Comunidad de Paz (AMR 23/2554/2015) 2. Colombia: Defensora de los derechos humanos, bajo vigilancia:
Berenice Celeita (AMR 23/1945/2015) 3. Colombia: El autor de una llamada telefónica amenaza con matar a la madre de un desaparecido (AMR 23/2022/2015)

4. Colombia: El proceso de restitución de tierras provoca más amenazas (AMR 23/0003/2015)

5. Colombia: Restituir la tierra, asegurar la paz. Los derechos territoriales de las comunidades indígenas (AMR 23/2615/2015)

6. Colombia: El Plan Nacional de Desarrollo amenaza con negar el derecho a la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado y permitir que las empresas mineras actúen en tierras adquiridas ilegalmente (AMR 23/2077/2015)

7. Colombia: Amenazas contra el director de una ONG. Iván Madero Vergel (AMR 23/2007/2015)

8. Colombia: Acosada por luchar contra la violencia sexual (AMR 23/002/2015)