–Ciento cincuenta casos especiales de agresiones y violaciones contra los derechos de las comunidades indígenas están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte del organismo judicial, las regiones en las cuales se están adelantando estos procesos corresponden a los departamentos de Guajira, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Córdoba, Cesar y Magdalena.

El panorama fue expuestos por el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, en un Encuentro Internacional sobre Técnicas de investigación en Asuntos indígenas, dirigido a fiscales e investigadores y con la participación de organizaciones de indígenas e internacionales.

En el evento, dijo Perdomo, se generaron espacios de reconocimiento y dialogo interjurisdiccional para el mejoramiento en el acceso a la justicia penal con enfoque étnico de los pueblos indígenas.

El primer día se efectuaron talleres teórico-prácticos dirigidos a fiscales e investigadores sobre las técnicas de investigación en estos asuntos, mientras que en la jornada final se dio una serie de conferencias con exponentes internacionales y especialistas en asuntos indígenas del mundo.

La apertura del segundo día estuvo a cargo del Vicefiscal General de la Nación, quien resaltó la importancia de “edificar una Fiscalía alrededor del conocimiento y la reflexión argumentativa, y de lograr estrechar lazos con la sociedad civil y las minorías en Colombia”.

Algunos de los conferencistas fueron Victoria Tauli Corpuz, relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indi?genas, que habló sobre “La jurisdiccio?n indígena y el acceso a la justicia: Hacia el diálogo y respeto intercultural”; Natan Elkin, jefe de la Unidad Responsable del Convenio núm. 169 en el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, cuyo tema fue “La justicia indi?gena en el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales”; Pedro Posada, director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que habló sobre “Interculturalidad, autonomía y retos de la coordinación interjurisdiccional con pueblos indígenas en Colombia”, y Shirley Cuillierier, directora general de la Policía Nacional de Aborígenes – Real Policía Montada de Canadá?, cuya conferencia trató sobre “Funcionamiento del Servicio Nacional de Policía para Asuntos Indi?genas de Canada?”.

El evento propició espacios para intercambiar experiencias sobre los desafíos de la justicia indígena y su interrelación con la justicia penal; el aprendizaje de los fundamentos jurisprudenciales para la resolución de conflictos de competencias de la jurisdicción indígena y penal, y las herramientas para garantizar el acceso a la justicia penal de usuarios indígenas.

Perdomo aseguró que “detrás de la Constitución de 1991 no hay un proyecto político o jurídico orientado a occidentalizar a los indígenas como pasaba antes, sino, por el contrario, un proyecto orientado a reconocer la diversidad étnica como una fuente inconmensurable de riqueza cultural y de maneras distintas de entender el mundo, donde ninguna se reputa superior ni más virtuosa que las otras. En esa medida, el artículo 7 constitucional es -a mi juicio-, revolucionario.”

Al abordar la temática de asuntos indígenas, nos enfrentamos a un panorama en donde la investigación penal de estos asuntos, tiene dos aristas muy importantes: Por un lado, la Fiscalía tiene el deber de reconocer que los pueblos indígenas son titulares de una Jurisdicción Especial, y por ende, están legitimados para administrar justicia en su territorio.

La administración actual de la Fiscalía General de la Nación, liderada por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, y el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres, ha puesto un especial interés en propender por una Fiscalía para todos que atienda a víctimas y usuarios con enfoque diferencial

Entre los avances que ha implementado la Fiscalía en atención a los pueblos indígenas se encuentran la asignación de un Fiscal y un investigador en cada una de las direcciones seccionales para asumir estas investigaciones y ser capacitados en jurisdicción indígena.

Se destacaron fiscales principalmente en las seccionales de Guajira, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Córdoba, Cesar y Magdalena, por la fuerte problemática que plantear y actualmente se le hace seguimiento a 150 casos, de los cuales, 13 se impulsan directamente desde el nivel central, y se participa en 11 escenarios de concertación con autoridades indígenas. Además, se ha tenido acercamiento con 12 comunidades, de acuerdo con lo ordenado por el Auto 004/2009 de la Corte Constitucional.

Asimismo, la Fiscalía está realizando aproximaciones a estas poblaciones como sujetos de especial protección constitucional, lo cual los hace titulares de un amparo reforzado en sus derechos, expresó Perdomo.

Finalmente, además del seguimiento que se hace a nivel de Seccionales, en el 2013 se empezó a desarrollar una estrategia de trabajo que se formalizó con la resolución 576 de 2016, que permitió al creación de un equipo especial conocido como la Comisión de Asuntos Indígenas, que ha impulsado investigaciones concertadas y priorizadas con los indígenas Arhuacos y actualmente se encuentra trabajando con comunidades del Chocó.

“Para la Fiscalía es de gran importancia trabajar mancomunadamente con los pueblos ancestrales de Colombia, ya que de esta manera se investigan eficientemente los fenómenos delictivos de los que han sido víctimas y se genera la articulación adecuada con sus instituciones tradicionales”, aseguró el Vicefiscal Perdomo.