El Gobierno de México y la Organización de Estados Americanos (OEA) evidenciaron este miércolessus diferencias sobre la situación a los derechos humanos en el país latinoamericano por un informe de la CIDH que pide reconocer “la gravedad” del caso y que fue rechazado con firmeza por las autoridades mexicanas.

En el reporte presentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, denunció las cifras “alarmantes” de desapariciones y desapariciones forzadas (con intervención de agentes del Estado) en México, así como los altos índices de ejecuciones extrajudiciales, torturas, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la Justicia e impunidad.

El país enfrenta, acotó la Comisión, una grave “crisis de derechos humanos”, por lo que pidió a las autoridades mexicanas que no trataran de “minimizarla hablando de casos aislados”.

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo fue orientada en esta dirección, ya que aseguró que el órgano “se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas (…) llegando a conclusiones sin fundamento”.

El reporte, basado en la visita que la CIDH hizo a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”, según el comunicado conjunto emitido por la Cancillería, la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación.

La metodología utilizada por la Comisión tuvo un “sesgo inicial”, con el que pasó a enfocarse en casos concretos “sin contrastar” la información, señalaron.

Entre las situaciones preocupantes sintetizadas en el reporte, la CIDH sostiene que “no hay respuesta policial a la altura” para los casos de 26.798 personas que se encuentran desaparecidas y que la tasas de homicidios es, desde hace años, superior a 10 por cada 100.000 habitantes.

Además, el órgano remarcó la “alarmante información” de las Naciones Unidas relativa a las cifras de impunidad, ya que el 98 % de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria.

El Ejecutivo reclamó que el reporte no entró a valorar el nivel “de cumplimiento de las obligaciones del Estado” y la colaboración de las autoridades con las instituciones internacionales, como hicieron al responder las solicitudes de información de la propia CIDH.

“Se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”, consideró el Gobierno mexicano.

Así, se “desestimó o recogió solo parcialmente” la existencia de instrumentos como las iniciativas de ley contra desaparición forzada y la tortura presentadas ante el Congreso, la ley publicada para defender los derechos de las víctimas o el mecanismo de protección para periodistas.

“Muy pocos países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH” (Comisión Nacional de Derechos Humanos), el instituto de estadísticas o el de transparencia, “esfuerzos que no son reconocidos ni señalados como buenas prácticas por la CIDH”, añade el comunicado.

No es la primera vez que las autoridades mexicanas niegan las acusaciones que se refieren a una “crisis” de derechos humanos en el país.

Después de que la CIDH emitiera sus observaciones preliminares al informe el pasado noviembre, el Gobierno respondió con un documento en el que acusaba el “escaso rigor técnico” del órgano a la hora de tratar y seleccionar sus fuentes.

Expresiones como “niveles alarmantes” o adjetivos como “generalizado” siembran “serias dudas” sobre su objetividad y veracidad, anotó entonces el Ejecutivo.

Cuando Amnistía Internacional (AI) expresó hace una semana su preocupación por la situación de México al presentar su informe de 2016, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, esquivó la cuestión alegando que los señalamientos al país “son prácticamente los mismos” que los emitidos a nivel mundial.