Colombia es el segundo país con mayor número de conflictos ambientales en el mundo, siendo solo superado por India, situación altamente preocupante si tenemos en cuenta que también fue el segundo país con mayor número de asesinatos de ambientalistas en el año 2014, de acuerdo con lo establecido en el informe “¿Cuántos más?” de la organización Global Witness.

A su vez, Latinoamérica, que es una de las regiones con mayor concentración de conflictos, tuvo el 76 por cierto de asesinatos a nivel mundial.

Teniendo claro lo anterior, para Ambiente y Sociedad es motivo de gran preocupación los recientes asesinatos de varios activistas ambientales entre los que figura Berta Cáceres, líder de la comunidad indígena lenca y defensora de derechos humanos en Honduras, pero también de tres líderes colombianos que son Maricela Tombé, líder campesina en el municipio del El Tambo, ubicado en el occidente del Cauca; Willar Alexander Oime Alarcón, líder indígena y gobernador del resguardo indígena de Río Blanco, ubicado en Cauca; y Klaus Zapata, perteneciente a la Juventud Comunista Colombiana.

En todos los casos mencionados, las diferentes comunidades y movimientos sociales a los que pertenecían estos activistas, exigen no sólo una investigación real y efectiva, que dé cuenta de los verdaderos motivos por los cuales fueron asesinados, sino también garantías futuras para que los líderes sociales de toda la región puedan realizar con seguridad su labor.

Es más que claro, que tal y como lo piden los diferentes activistas, el gobierno se encuentra en la obligación de garantizar la seguridad de las movilizaciones sociales y proteger la vida de quienes participan en las mismas, pues es imposible lograr la paz material si los defensores de derechos humanos siguen siendo asesinados.

Por último, Ambiente y Sociedad hace un llamado, no solo al gobierno sino también a la sociedad misma a no satanizar los movimientos sociales y a sus activistas, pues la polarización tan grande que existe en Colombia ha llevado a catalogar como terroristas a aquel que busca la defensa del territorio.

Buscar la protección de los derechos humanos y de la naturaleza misma no debería ser motivo para perder la vida, así que como sociedad, tenemos la obligación moral de proteger a todos los ciudadanos y garantizar las movilizaciones pacíficas.