–La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión del juzgado 72 de Garantías de Bogotá de dejar en libertad al alcalde de Yopal, Casanare, John Jairo Torres, más conocido con el remoquete de “John calzones”, y a su esposa Emilce López Vega, al sustentar que hay elementos materiales probatorios contundentes que indican que la pareja haría parte de una organización delictiva, dedicada al lavado de activos.
La delegada del ente acusador le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que revise los audios e imágenes, interceptaciones telefónicas y documentos que involucran penalmente al mandatario en supuestas actividades al margen de la ley.
“La integridad de los elementos materiales de prueba, tales como la noticia criminal, los asientos contables, el estudio de arquitectos que indican el costo superior a 36 mil millones de la Ciudadela La Bendición y documentos que indican que la pareja de esposos carecía para el 2012 de músculo financiero para su construcción, infiere que se están cometiendo esta clase de delitos”, afirmó el fiscal del caso.
La Fiscalía aseguró que los procesados no cuentan con soportes contables y técnicos que demuestren la procedencia de la millonaria cantidad de dinero con la cual se construye el proyecto de vivienda.
Asimismo, advirtió la delegada que se trata de una investigación no improvisada, adelantada durante hace más de dos años, en la que aparecen como propietarios de los terrenos, en donde se construyó el complejo de vivienda, los hermanos Néstor Leonardo y Jairo Enrique Pérez Barreto, a quienes un fiscal en segunda instancia, negó la devolución de unos bienes en la vereda San Rafael de Yopal (Casanare), dejando en firme una resolución de un fiscal de la Dirección de Extinción de Dominio.
Según las investigaciones, los inmuebles hacen parte de un proceso de extinción de dominio en contra del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez Rey, alias Coletas, capturado en el 2010 por solicitud de la Audiencia Nacional de España por tráfico de estupefacientes.
Cabe anotar que los Pérez Barreto han manifestado ante las autoridades, que son terceros de buena fe y que en la época de la compra de los terrenos no había sido condenado Sánchez Rey, alias Coletas.
Para la Fiscalía, “se trata de un desmesurado incremento patrimonial, injustificado, por lo tanto se determina en la investigación que estas personas no tenían el músculo económico para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, tales como los que generalmente provienen de préstamos, apalancamientos o donaciones, entre otras figuras financieras que demuestran la procedencia de recursos”.
Por estas razones, la Fiscalía consideró que se hace necesaria, urgente y procedente la medida para evitar que interfiera en la investigación penal y se asegure su comparecencia a los tribunales.
