–El presidente Juan Manuel Santos celebró que con el voto de la oposición se hubiese aprobado en el Congreso de la República la Ley de Orden Público que, entre otras cosas, le otorga facultades para crear las llamadas zonas de concentración para los guerrilleros de las Farc una vez se desmovilicen como consecuencia de la eventual firma del acuerdo de paz en La Habana.

«Celebro aprobación de #LeyOrdenPúblico. @CeDemocratico @PoloDemocratico @alianzaverde_co entendieron que paz está más allá de diferencias», escribió en su cuenta en Twitter el presidente Santos.

El jefe de la bancada de oposición de Centro Democrático, el expresidente y senador Uribe Vélez dijo que su partido, pese a tener «una serie de desacuerdos con el proceso de paz», decidió apoyar y votar las zonas de concentración «para que las Farc no delincan más, pero con condiciones».

Esas condiciones son que las zonas sean de número reducido y de tamaño reducido para facilitar la verificación que debe ser imparcial; que al interior de esas zonas no haya cultivos ilícitos ni minería ilegal; que no sean zonas fronterizas; que quienes estén allí tengan toda la identificación, lo mismo las armas; que el fin de las armas sea la destrucción para no seguir en esa discusión desorientadora de la dejación o de la entrega, que tiene que ser la destrucción, puntualizó Uribe.

En la nueva ley se estableció además que el monitoreo y verificación del proceso de dejación de las mismas, el cese el fuego bilateral y definitivo, estará a cargo de organismos internacionales.

Empero, el expresidente Uribe advirtió que quedaron otros puntos en los que hay desacuerdos.

Al efecto, señaló:

Aceptados 8 puntos del Centro Democrático: uno en la ley y siete en constancia aprobada por unanimidad en el Senadohttps://t.co/EOayCocfNI

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) marzo 10, 2016

Previamente, en una intervención que hizo en la plenaria del senado antes de producirse la votación, el expresidente Uribe explicó los motivos por los cuales su bancada decidió apoyar la iniciativa.

«Encontramos aspectos positivos en el proyecto» dijo y agregó: «No es el afán nuestro, como algunos lo dicen, de buscar excusas para cabalgar en el proceso de La Habana».

«Entenderán ustedes senadores que, en mi caso, las circunstancias de la edad y del recorrido de la vida, van reduciendo las pasiones y aumentando el cuidado para incurrir en la menor subjetividad», complementó.

Luego explicó ¿por qué es conveniente el proyecto?

Debió exigirle una concentración en un sitio o en varios como condición para iniciar el diálogo. Eso habría creado mucha confianza y habría permitido inferir que cualquier delito cometido por fuera de esa área no era imputable a Farc. Yo le encuentro un aspecto conveniente al proyecto.

Mi lectura del proyecto me lleva a una interpretación diferente de la que oigo esta tarde de los senadores de la Unidad Nacional. Estas zonas no son para concluir el proyecto, son –inclusive- para adelantarlo, si bien lo he leído yo.

Y en este momento las zonas podrían corregirlo, si en perjuicio de que sea para que esas zonas sean para que estén poco o mucho tiempo. Entonces, si las Farc entra en esas zonas con vigilancia nacional e internacional, el respeto al Estado de Derecho, el compromiso de no delinquir más, creo que le queda a las autoridades más fácil saber que los delitos que se cometen por fuera de esa zona no son imputables a las Farc. Habría más claridad para la política de seguridad frente a quienes persisten en el delito, que hoy no la hay, porque hoy llega la queja de Montecristo, Bolívar, que allí las Farc está delinquiendo con el uniforme del Eln, porque llega la queja del Casanare, llega la queja de Arauca, de muchas partes de Colombia.

Por ejemplo, el cese de actividades criminales que las Farc anunció desde el 20 de julio del año pasado, creo que hay dos lecturas, indudablemente los delitos más visibles han bajado, los más escandalosos en televisión, pero ha aumentado la extorsión. Esta mañana el Gobernador de Antioquia anunciaba que en los últimos dos años se han duplicado los cultivos de droga en ese departamento, hay control territorial, que en unas partes Farc, en otras Bacrim, en otras Eln, etc. Estas zonas, al ubicar a las Farc con esos compromisos, en esos sitios, corregirían eso, y yo creo que sería una ganancia para el proceso de La Habana.

Nosotros hemos dicho que la circunstancia de que estén armados allí, desde que haya buena voluntad con el proceso y desde que cumpla con todo el cese de actividades criminales, nosotros la aceptamos. Nosotros creemos que la condición para avanzar en el proceso tiene que ser el cese de actividades criminales y la entrega de armas tiene que ser un puerto de llegada del proceso.

¿Por qué los requisitos?

Acabo de consultar con algunos compañeros, señor Presidente, la propuesta nuestra es esta: por qué no recogen unos requisitos en los cuales hay interés de senadores no caprichosos. Yo veo que ustedes quieren darle un mandato, una carta de confianza al Gobierno y decirle ‘Presidente ponga usted los requisitos’, lo entendemos e independientemente de lo que pensemos sobre eso, es una realidad política, aquí tienen las mayorías y nosotros lo aceptamos.

Por qué no se busca que esas condiciones sean, óigase bien, doctor Serpa, la propuesta sería que esas condiciones fueran indicativas, esto es, el Gobierno verá si la recoge o no. Se lo digo Presidente porque aquí no hay enemigos de la paz, hay diferentes maneras de verla.

Segundo, nosotros pensamos que en muchas zonas hay muchas preocupaciones por esas zonas de ubicación y aquí lo han dicho las comunidades indígenas. Entonces, si a un proyecto de desarrollo económico se le exige consultas con las comunidades indígenas, con las comunidades afro descendientes etc., ¿Cómo no le van a exigir a una zona de ubicación de un grupo, hoy la Farc mañana el Eln, después una Bacrim, etc.?

En muchas zonas hoy hay mucha preocupación, que llaman de la Sierra Nevada de Santa Marta, que hay unas partes de Antioquia, que del sur país, etc. Yo creo que unas pautas indicativas, que no imperativas, no se le impone al Gobierno, ahí se respetaría lo que quiere la Unidad Nacional que es darle una carta de confianza al Gobierno, serían unas simplemente indicativas ayudarían a disipar temores.

¡Perdón! la ley es general. Este proyecto se da señor Presidente en un momento en el cual hay una negociación con Farc, pero el proyecto en su texto es general, lo podrán utilizar con Farc o con Eln o mañana se le ocurrirá, como se le ocurrió al doctor de La Calle que cuando promulgó la Constitución del 91 dijo: le cerró todas las puertas a Farc diciendo que como no había entrado en el proceso era un grupo terrorista que en adelante no podría haber política con armas en el país y 24 años después aceptan lo que ha hecho Farc es política con armas. A mí no me extraña que eso ocurra con las Bacrim en el futuro y los malos ejemplos conducen allá, entonces yo ruego si bien esta ley sería una coyuntura de Farc, esta es una ley general que tendrá que contemplar otros casos que llegaren a darse.

Tercer punto: los apoyos internacionales. Debo referirme a ellos porque aquí trajo un video el senador Roosvelt, quien habló hoy como ponente del proyecto, el Santo Padre y el presidente Obama. El Santo Padre dijo directamente celebró la paz, ¿qué más puede hacer el pastor de la iglesia?, pero dijo que había que cumplir con los estándares de justicia y de respeto a las víctimas, que ahí tenemos nosotros una gran diferencia.

Al otro día el discurso del presidente Obama, por primera vez Jhon Kerry, dijo -secretario de Estado- que tenían que revisar los acuerdos de justicia transicional. La semana antepasada anunció que iría a La Habana a hablar sobre las preocupaciones en el tema de justicia transicional, o sea que lo que nos presentaron del Papa y del presidente Obama no es completo.

Panamá, ¿Qué voy a decir yo? Si el actualmente el Presidente de Panamá ayudó ha asilar allá a María del Pilar Hurtado y después mandó la razón que la había tenido que despachar de Panamá por presiones del Gobierno de Colombia.

Voy a hacer un tema serio del Presidente Mujica. En nuestro proyecto, el proyecto del Gobierno acordado con Farc, a mi juicio, es una ley de punto final, con una particularidad que dicen que el delito atroz lo van a investigar, a juzgar y a sancionar, pero es ley de punto final porque desde que el delito atroz sea reconocido no tendrá cárcel y en eso es igualita a las leyes de punto final, que con ese nombre u otros nombres parecidos se dieron en Chile, se dieron en Argentina, se dieron en Uruguay. Ustedes saben que la de Chile y la de Argentina, esas dos leyes, fueron derogadas.

La de Uruguay han buscado sostenerla, no hay garantía de seguridad y la del Salvador la han inaplicado. Hace dos semanas llevaron a la cárcel unas personas de los gobiernos del Salvador anteriores a la firma de la paz en clara, responsables acusados del asesinato de las religiosas españolas en clara inaplicabilidad de la ley de paz.

Yo veo y tomó la cita que hizo aquí el doctor Roosvelt, el senador Roosvelt, del presidente Mujica oportuno para decirles esto: yo creo que el nivel de impunidad y desprotección de víctimas que hay en el acuerdo de justicia no lo hace estable, ni con una Asamblea Constituyente. He pensado que en una Asamblea Constituyente, para darle estabilidad a ese acuerdo, tendría que decir que Colombia se retira de la Corte Penal Internacional, de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros pactos, porque todos esos son la fuente que exigen cárcel para delitos atroces y he preguntado ¿Dónde está la fuente para prohibir la elegibilidad a los responsables de delitos atroces? No hay un estatuto internacional claro en esa materia, como sí lo hay para exigir cárcel, pero es una constante de las legislaciones democráticas prohibir la elegibilidad a los responsables de delitos atroces. Yo temo que eso, si no se corrige en los acuerdos con las Farc, hace que el proceso sea un proceso inestable.

El de Salvador culminó su firma en 1992 y hoy lo están desconociendo, la justicia llega. El Consejo de Seguridad, usted lo mencionó aquí doctor Roosvelt, la verdad es que el hecho de que el Consejo de Seguridad acepte una vigilancia, no quiere decir que haya tomado la vocería de la Corte Penal Internacional para decir que aprueba la impunidad del proyecto. Puede darse el caso que el Consejo de Seguridad acepte, a través de terceros, vigilar las zonas de ubicación, el desarme, etc. y al mismo tempo la Corte Penal Internacional diga ‘este acuerdo en Colombia no satisface los mínimos de justicia’ o sea que eso no es garantía.

Ha dicho el senador Roy Barreras, deploro que no esté aquí, yo le escuché con toda atención y con todo respeto, ha reclamado cuando yo trabajé en este Senado muy joven, por el reindulto –gracias Senador por su regreso- al M-19. Sí hombre, lo he explicado mil veces.

El M-19 había hecho la paz, se habían concentrado, habían entregado las armas, los habían indultado, habían estado en el gobierno del presidente Gaviria, habían estado en la Constituyente, llevaban ya un tiempo en este Congreso y vino una apertura de una causa judicial. Yo dije ‘hombre, por lo menos ya que hicieron ese acuerdo con ellos, se los tienen que respetar’. Sí, yo lo hice y seguramente hay casos ahí de mal ejemplo, otros justos y creo que hoy hay circunstancias diferentes y yo no le voy a discutir eso.

Dice usted senador Barreras que nosotros propusimos tratar a los paramilitares como sediciosos, como responsables de delitos políticos. Señor Presidente, lo que pasa es que yo allí estaba tomando atenta nota de lo que aquí se decía, sí lo propusimos y cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que los paramilitares no cometían delitos políticos, yo tuve una discusión argumental con ellos y ellos la tomaron como una afrenta personal.

Les dije, en una democracia de opinión, donde no hay delitos de opinión como es Colombia, no debería haber ese atenuante que es el delito político, pero ya que lo hay, hay que aprovecharlo para resolverle el caso a todos los guerrilleros rasos y todos los paramilitares rasos. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que el guerrillero tenía unos ideales políticos, que incurría en delito político, que el paramilitar no.

Yo les dije: ‘todo grupo terrorista tiene argumentos doctrinarios’. Supongamos que la guerrilla dice ‘quiero cambiar el orden jurídico y económico’ y los paramilitares dicen ‘quiero defenderlo’, tan argumento el uno como lo otro, pero no califiquemos la validez, pero finalmente ¿por qué digo yo que ambos deberían ser considerados como actores del delito político? Porque ambos, paramilitares y guerrilla iguales en atrocidades, afectaban el normal funcionamiento del Estado de Derecho, que es el punto esencial para calificar una conducta como delito político.

Entonces, señor Presidente, yo propondría, me dicen que hay unos senadores que van a llegar a las 4 a votar, yo no sé si se pudiera recoger aquí por los ponentes algunos de estos puntos y presentarlos como una propuesta indicativa, no le restrinjan entonces la confianza que ustedes le quieren dar al Presidente de la República, pero que quede como unas indicaciones que él verá, en su leal saber y entender, si aplica o no aplica.

Porque, cómo vamos a desconocer desconfianzas, la ciudadanía de Simití escribe y dice ‘las Farc y el Eln están patrullando las calles de Simití’. Cómo vamos a decir que discrepamos de la preocupación de los senadores de Norte de Santander sobre el Catatumbo, si el Catatumbo hoy está controlado totalmente por grupos al margen de la ley. Cómo vamos a decir que no se va a permitir que lo controlen si llevan tres o cuatro años en lo cual ese control criminal se ha empeorado.

La verdad, un antecesor en el uso de la palabra, yo le diría primero que todo hay que exigir justicia ejemplar antes de calificar a los seres humanos, como seres no ejemplares porque desconocen la justicia politizada y me preocupa mucho lo que ha pasado en el país, experiencias no gratas como la combinación de las formas de lucha. La política con armas que recientemente hemos visto nuevos ejemplos en esas materias.

Yo rogaría señor Presidente, si lo tiene haber, a bien recoger esas proposiciones que se vienen tramitando desde la Comisión Primera y buscar, si es posible, que el Gobierno y la bancada de Unidad Nacional acepten unas proposiciones de esas como proposiciones indicativas, repito, el proyecto –a nuestro juicio- tiene aspectos muy convenientes como permitirían que las Farc allí adentro, en esas zonas, garantice que cumple con el compromiso de no delinquir más así se demore la finalización del proceso y permite inferir que quienes delincan por fuera no son de las Farc», concluyó Uribe.

El Partido Centro Democrático en una constancia que dejó en el Senado de la República previamente a la votación del proyecto de ley, además de los condicionamientos señalados por Uribe Vélez, estableció que en todos los demás temas seguirá buscando mecanismos para que este Gobierno priorice los derechos de los colombianos, sobre las exigencias de los terroristas.

En la constancia, hizo los siguientes señalamientos complementarios:

Por respeto al proceso de descentralización y la libre determinación de las comunidades en las decisiones que las afectan, consideramos que los Alcaldes municipales deberían tener la facultad de aceptar o rechazar las zonas de concentración. De manera que antes de su decreto el Gobierno deba acordar con las autoridades locales las condiciones de las mismas.

Las órdenes de captura que se levantan estarán circunscritas a las zonas de concentración y su correspondiente traslado, pero seguirán con plena vigencia en el resto del territorio nacional.

El Estado indemnizará integrantes a los habitantes o propietarios cuyos bienes sean afectados por las decisiones de constitución de zonas de concentración.

Las instancias internacionales que se encarguen del monitoreo y verificación del proceso de dejación de las armas y del cese al fuego bilateral y definitivo deben ser países u organizaciones de Estados. Deberán además ser imparciales, en consecuencia no deberían ser seleccionados estados o organizaciones que hayan mostrado simpatía o complacencia con el grupo armado a desmovilizar.

Las instancias internacionales deberán garantizar la destrucción o disposición final de todas las armas de las Farc o del grupo armado en cuestión. Para este propósito todas las armas deberán ser identificadas con sus números de serie.

Ministerio público debería acompañar la instancia internacional que se encargue del monitoreo y verificación del proceso de dejación de las armas y el cese al fuego bilateral y definitivo, como garantía a los colombianos y reconocimiento a la legitimidad del Estado democrático de Colombia.

Las listas de integrantes de los miembros de las Farc deberá contener su identificación dactiloscópica.

Acogemos en su integridad los puntos que ha presentado el Procurador General en carta a esta corporación, por considerarlos fundamentales.

En el acuerdo para facilitar la aprobación de la iniciativa participaron los senadores Horacio Serpa; del Partido Liberal; Roy Barreras del Partido de la U; Hernán Andrade del Partido Conservador; Jorge Prieto del Partido Alianza Verde; Carlos Fernando Mottoa de Cambio Radical; Paloma Valencia, Alfredo Rangel y Álvaro Uribe del Centro Democrático, entre otros.

Al finalizar la votación el ministro del interior Juan Fernando Cristo felicitó a todas las bancadas del senado y dijo que la decisión de apoyar el proyecto, incluyendo al Centro Democrático, «es un gran paso para el fin del conflicto».

Cristo celebró el apoyo del Centro Democrático al proyecto que reforma el artículo 8 de la ley 418 de 1997 (ley de Orden Público), para establecer mecanismos de dejación de armas, desmovilización y reinserción de grupos armados, que fue aprobado en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.

«Agradezco a los partidos del Pacto por la Paz y al Centro Democrático la disposición y comprensión del propósito final de este proyecto de ley. Estas zonas de ubicación temporal no serán nuevos caguanes ni zonas de despeje, allí estará presente la fuerza pública», dijo el jefe de la cartera política.

Así mismo reiteró que esta modificación «siempre fue una decisión y compromiso del Gobierno del presidente Santos. Es claro que no habrá zonas de ubicación en áreas urbanas pero bienvenida sea esa precisión».

Finalmente, el ministro Cristo invitó a los diferentes partidos que hacen parte del Congreso a «continuar con estos consensos que son aportes fundamentales para la paz».

La Reforma a la Ley de Orden Público pasa directamenta a sanción presidencial pues en la Cámara de Representantes se aprobó el mismo texto aprobado en el Senado de la República.