Como una “legalización de facto del microtráfico en Colombia” calificó el procurador, Alejandro Ordóñez, la decisión de la Corte Suprema de Justicia que despenaliza el porte de estupefacientes en el país, sin importar la cantidad, y bajo el argumento de que es una necesidad de los adictos transportar la droga necesaria para su consumo.

El jefe del Ministerio Público lamentó esta “incoherencia del Estado colombiano en la lucha contra la droga y la drogadicción” y puntualizó que los grandes beneficiados son los expendedores, que podrán apelar al argumento de la Corte Suprema de Justicia para seguir llevando alucinógenos a los niños y jóvenes del país.

“Las fuentes del microtráfico se potencian y se le quita al Estado instrumentos eficaces para combatir la delincuencia que distribuye la droga”, agregó.

“Es un golpe mortal para lucha contra el microtráfico, es la impunidad para los distribuidores, para los ‘jíbaros’”, explicó el procurador general, quien destacó que esta nueva decisión se suma a una “progresiva flexibilización de las normas que promueve el consumo y la adicción”.

“Es una progresiva flexibilización de las normas por intermedio de las decisiones judiciales. Paralelamente a ello el Estado colombiano desmonta la erradicación manual, prohíbe la fumigación con glifosato y como consecuencia nos inundamos de coca, nos inundamos de droga. Hay más posibilidades y facilidades de acceso a la coca, más fácil el consumo y más fácil la adicción”.

El jefe del órgano de control insistió en que estos “precedentes envilecedores” le hacen daño a los adictos, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a la sociedad, al país en general; y recordó que desde hace más de un año la Procuraduría General de la Nación advirtió que el Gobierno colombiano desmontó la lucha contra las drogas bajo argumentos jurídicos y científicos ajenos a la realidad.

“La Procuraduría advirtió que íbamos a nadar en coca y estamos nadando en coca. De 49 mil hectáreas pasamos a 159 mil, de acuerdo a la última información de la Embajada de los Estados Unidos. Eso ha generado que se disparó la delincuencia, la inseguridad ciudadana por el fortalecimiento del microtráfico”, explicó.

Desde el año 2015, el procurador general de los colombianos advirtió que el “desmonte subrepticio” de la lucha contra las drogas en Colombia hace parte de las concesiones del Gobierno Nacional al grupo narcotraficante FARC en desarrollo del proceso de negociaciones que se adelanta en La Habana (Cuba).