Por : Luis Eduardo Forero Medina
De ser el país en América Latina con más pobreza extrema en el campo, Colombia, una de las ocho naciones potencialmente despensa de la humanidad, desde hace dos años le apuesta al empoderamiento del pequeño y mediano agricultor, cambiando la política paternalista aplicada por muchos años, al otorgar subsidios a diestra y siniestra, para en su lugar buscar una redistribución en los subsidios que se dirigirían fundamentalmente a la agricultura familiar.

Junto con la ganadería, caza, silvicultura y pesca, la agricultura creció 4.8%, superior al total nacional del 3,3%, ubicándola como líder en los sectores económicos. Podría llegar a repuntar mucho más si se utilizara parte del setenta por ciento de la tierra que no se cultiva, no por pereza del campesino, sino por la falta de verdaderas oportunidades y obras de infraestructura en las Regiones. Esto sucede en el segundo país más diverso en plantas, y con 4,4 millones de personas sub alimentadas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En des balanza siempre han estado los agricultores asociados frente a los pequeños, por la prelación de las políticas estatales en favor de estos últimos, situación que tuvo como efecto un decrecimiento del sector. Esa estrategia se removió para destinar en adelante más recursos a proyectos asociativos, a los que en 2016 se reservaría un 80% y un 20% para los pequeños agricultores. Hace dos años era al contrario, el 80% para el productor individual y el 20% para productores asociados; así se castiga el individualismo para fomentar el trabajo en equipo, la llamada sinergia.
De los más de 12 millones de campesinos que existen en Colombia, cientos de miles de ellos fueron despojados de sus tierras, especialmente en los 350 municipios más afectados por la violencia, y ahora se enfrentan a procesos lentos y engorrosos, topándose con el cartel de opositores a las acciones de restitución de tierras que aparecen por todo el país. Al Estado hasta ahora le habría salido más caro el caldo que los huevos en este programa, pues destinó en infraestructura 836.719 millones de pesos y los predios restituidos por orden judicial valen $263.304 millones, según la Fundación Forjando Futuros. Para sembrar la paz en el campo antes de la respectiva rúbrica en La Habana, los jueces le aplicarían el acelerador a miles de estos procesos ya avalados por Defensa, mediante la Microfocalización. Las autoridades escarban con la mano cada solicitud, para evitar colados en la restitución de tierras.
Al retornar el campesino, no siempre a su anterior tierra, le sería otorgado un Subsidio Agrario Integral, para que se dedique a cultivar productos, según la Región, que hasta ahora se importan. El plato que sirven a la mesa a los colombianos, está integrado en más de una tercera parte por productos importados. El campesino contaría con capacitación de convivencia con el medio ambiente, vería por fin el producto de sus cosechas, mejorando su calidadde vida, que en nada envidiará a la de la agitada urbe a la cual había huido por la violencia.

La asistencia técnica sigue sin llegar al pequeño agricultor; así como la dificultad para el acceso a créditos por carecer de extractos bancarios y propiedad raíz en respaldo del préstamo. De ordinario el campesino de alpargatas y mediano agricultores no logran comercializar los productos por dificultades de transporte o abuso de intermediarios. Superado estos escollos se garantizaría el aseguramiento del bienestar de las familias rurales , podrían repetir con el salmista “en verdes pastos me hace reposar” y jamás volverían a salir de sus parcelas para protestar.
La sustitución de importaciones por ahora es uno de los insumos que le aplican al sector. En el TLC con EE.UU. de Norteamérica, Colombia consiguió statu quo de ATPDEA para las flores, papa criolla frutas y hortalizas. El gobierno en llave con el sector privado está haciendo más competitivo el arroz, maíz, soja y frijol.
Los grandes agricultores también se incluyen en la lluvia de ofertas para el campo colombiano; de por sí los exportadores agrícolas están dichosos con la trepada del dólar, que sí afecta a los importadores de insumos del agro.
Los recién nombrados alcaldes no continuarán siendo rueda suelta en sus programas en favor del agro; sus planes de gobierno se adecúan en todo el país para concordar con la política estatal agraria. En las Regiones el programa oficial “Colombia Siembra” aspira revolucionar el campo, a donde llegaría “desarrollo y autonomía de la mano de la paz”.
Las siete plagas del agro son los millones de empleos informales, falta de vías o en mal estado, ausencia de servicios públicos básicos, una voraz deforestación, uso indiscriminado de plaguicidas dañinos para el medio ambiente, inseguridad y la incontrolable carestía de los productos básicos de la canasta familiar.
En toda la política agraria colombiana están comprometidos el Consejo Superior de Uso del Suelo, el Consejo Superior de Restitución de Tierras y las tres nuevas Agencias: la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia para la Renovación del Territorio.

El campesino olvidado “a través de los últimos siglos”, también se vería beneficiado con La Ley de Zidres, con la que se habilitarían unas siete millones de hectáreas para volverlas productivas., esa ley “dota de herramientas a los empresarios que desean invertir en el campo colombiano”, señala el Dr. Rafael Mejía, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SCA), agremiación que cumplirá 150 años en 2021.