–La Defensoría del Pueblo denunció en las últimas horas que familias de la etnia wounaan que habían regresado a su territorio de origen el 2 de diciembre pasado, con su acompañamiento, no han recibido las ayudas que el gobierno les prometió y viven en precarias condiciones, hasta el punto de que por lo menos dos niños han muerto tras el retorno.

Se trata de por lo menos 600 indígenas wounaan, a los que el 29 de noviembre del año pasado la Entidad había acompañado en el retorno a sus territorios en Chachajo, Agua Clara y Chamapuro, parte baja del río San Juan en Buenaventura (Valle del Cauca).

Según la Defensoría, en la labor de seguimiento a los casos que atiende la Entidad, una comisión encabezada por el Defensor Delegado para los Derechos de la Población Desplazada, Mauricio Redondo Valencia, constató en terreno que a pesar de los compromisos adquiridos por autoridades locales, departamentales y nacionales, los indígenas no cuentan con las garantías necesarias para estar de manera digna en sus zonas de origen.

En ese sentido, la Entidad solicitó a las autoridades locales que se aclaren las circunstancias en las que ocurrieron las muertes de dos niños después del retorno, para establecer responsabilidades o investigaciones.

Entre los asuntos conocidos por los funcionarios, los líderes de la comunidad manifestaron que las 200 familias no tienen acceso al agua apta para el consumo.

La comisión constató que la planta eléctrica del resguardo está dañada y que permanecen aislados porque no hay una lancha que los movilice en caso de emergencia por salud o seguridad.

Además, resulta grave el riesgo ante la presencia de actores armados ilegales, razón por la cual solicitaron medidas colectivas de protección, adicionales a las ya tomadas para los líderes que han sido amenazados.

En cuanto a sus viviendas no han podido adecuarlas desde finales del 2014, cuando debieron abandonarlas y desplazarse a Buenaventura en donde permanecieron por un año debido a los enfrentamientos y amenazas de actores armados ilegales.

En ese sentido, las adecuaciones del colegio tampoco han sido posibles y solo tres docentes de planta y otros cuatro que realizan su labor sin contrato, les dictan clases en algunas casas a 96 alumnos de prekinder a quinto de primaria.

Por estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo además de solicitar a las autoridades soluciones urgentes que protejan los derechos de esta comunidad, le pidió al Alcalde de Buenaventura que para el 31 de marzo próximo se convoque al Comité de Justicia Transicional ampliado para analizar la situación de la comunidad indígena wounaan.